Mediante una presentación que suscriben los abogados Rodolfo Yanzón, Mónica Gonzalez Vivero y Myriam Bregman, la entidad detalló imputaciones concretas sobre cada uno de los ex oficiales a los que responsabilizan por la suerte de unas 500 personas que pasaron por ese centro clandestino de detención de la Capital Federal.
En un escrito de 23 carillas, la asociación de ex detenidos explica que puede ser tenida en cuenta como querellante en la causa por su accionar en pos de “promover y realizar actividades de investigación, reconstrucción y preservación de la memoria histórica de las luchas y vidas de los desaparecidos en la Argentina”.
Después, afirman que la ESMA “funcionó como centro clandestino de detención, torturas y exterminio desde antes del 24 de marzo de 1976 y hasta finalizada la dictadura”, que como dependencia de la Armada estaba bajo la responsabilidad de las diversas instancias de la cadena de mandos del arma”.
Por eso, piden la detención de los ex jefes de la Armada Eduardo Massera (ya está detenido por robo de bebés), Armando Lambruschini, Jorge Isaac Anaya y Rubén Oscar Franco.
Después, la lista sigue con aquellos que actuaron directamente en la ESMA, como el ex capitán Jorge "el Tigre" Acosta (jefe inteligencia de la ESMA), el capitán de navío José María Arriola (ex director de la ESMA) y el ex capitán de Fragata Alfredo Astiz.
También imputan al teniente de navío Miguel Angel Benazzi Berisso, al capitán médico Carlos Octavio Capdevila, al suboficial Víctor Cardo, al suboficial 2° de infantería "Leo" Cejas, al capitán de corbeta Ricardo Corbeta, al mayor del Ejército Julio César Coronel y al ex policía Juan Antonio "Colores" Del Cerro.
La lista sigue con dos efectivos de Prefectura, el subprefecto José Manuel Díaz Smith y Juan Antonio Azic y más marinos: el teniente de navío Adolfo Donda Tigel, el prefecto general Héctor Febres, Gustavo Fernández, el policía Juan Carlos Fotea y el oficial del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) Jorge García Velazco.
El teniente de navío Pablo Eduardo García Velazco, el suboficial del Servicio Penitenciario Carlos Orlando Generoso, el capitán de Corbeta Alberto González Menotti, el capitán de Navío Jorge Gonzalez, el suboficial de la Armada Orlando González y el subcomisario de la Policía Federal Roberto González también integran la lista de imputados para el organismo de derechos humanos.
También aparece otro jefe de Inteligencia de la ESMA, Oscar Lanzón, el sargento de la Policía Federal Juan Carlos Linares, el médico Jorge Luis Magnacco (habría asistido varios partos clandestinos), el capitán de Navío Edgardo Otero, el capitán de Corbeta Carlos José Pazo, el oficial principal de la Federal Carlos Pérez, el teniente de Navío Juan Antonio Pernías, el capitán de Corbeta Jorge Perrén, otro miembro de la Policía Federal, Claudio Pittana y otro importante miembro del “Grupo de Tareas 3.3.2” de la Armada, el teniente de Navío Jorge Rádice.
Además, pidieron la detención de los tenientes de Navío Francisco Lucio Rioja y Juan Carlos Rolón, el policía Pedro Salvia, el oficial de Prefectura Gonzalo Sánchez, el teniente de Fragata Néstor Omar Savio, los tenientes de Navío Raúl Scheller y Alejandro Spinelli, junto al ex comandante de Operaciones Navales Antonio Vañek. La lista se completa con el capitán de Navío Jorge Vildoza y el comisario retirado de la Policía Federal Ernesto Weber.
En el mismo escrito, los abogados de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos pidieron algo que el juez Sergio Torres tiene previsto realizar: pedir los antecedentes de la investigación que lleva adelante en España el juez Baltazar Garzón.
Además, los denunciantes pidieron que se anexe a esta causa los testimonios recabados en los “juicios por la verdad histórica” y se cite a declarar a decenas de sobrevivientes del centro clandestino de detención.