"Es muy grande el número de delitos que han cometido y hasta se podría decir que algunos de ellos están casi al borde de la asociación ilícita porque ya los piqueteros han dejado de ser las manifestaciones espontáneas como lo eran en su momento, sino que son grupos organizados, con fuerzas de choque, con fuerzas de comunicación", sostuvo Badeni.
Al referirse a la decisión de algunos grupos piqueteros de levantar barreras de peaje, Badeni sostuvo que impidieron "la libertad de tránsito" y amenazaron "la propiedad privada y la integridad física de las personas con las amenazas y los actos de violencia que realizan". En este sentido, el abogado aseguró que los piqueteros no cometen un delito por expresarse o por protestar, si no que el delito comienza "cuando la interrupción del tránsito se hace deliberadamente para llamar la atención".
Además, el constitucionalista consideró que el Gobierno "tiene a su alcance todas las medidas preventivas para evitar la comisión de hechos delictivos" y que la decisión de intervenir no debe correr solo por cuenta de la justicia, porque "las fuerzas policiales dependen directamente del ministro del Interior y del presidente de la República".
Por el contrario, el constitucionalista Daniel Sabsay consideró que “los jueces y fiscales también deben llevar adelante las acciones para evitar que los grupos piqueteros rebeldes realicen actos abiertamente enfrentados con la legalidad ya que el Estado no sólo está integrado por el Poder Ejecutivo”. Y agregó: "El Estado también son los jueces y fiscales, que pueden llevar adelante una acción. Hay que operar fuertemente para ver qué está pasando en esa parte de la organización estatal. Cuando sólo se espera del Poder Ejecutivo estamos pensando en un sistema absolutamente autoritario, con un solo poder".
Sabsay aclaró que los cortes de calles y avenidas, como la toma de edificios públicos o de empresas privadas, son delitos de acción pública y que el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades tiene límites.
La visión del abogado constitucionalista Gustavo Ferreira sobre este fenómeno es un tanto más moderada que sus anteriores colegas. “La interrupción o corte de ruta no es en sí misma un abuso del derecho; pero, desde luego, puede serlo, en caso de que, por ejemplo, no exista vía alternativa para terceros de paso, el mitin promocione o realice actos hostiles o de violencia inaceptables, el objeto de la asociación, el fin, de la agremiación, no sea el de llevar adelante la protesta encaminada al cambio social sino, más bien, cometer delitos indeterminados (…) la protesta callejera, en principio, no puede ser entendida como otra cosa que no sea debate público de ideas y propuestas” dijo Ferreira en un capítulo de su libro "La Constitución Vulnerable. Crisis argentina y tensión interpretativa", publicado durante 2003.
Sin embargo, en diálogo con DiarioJudicial.com Ferreira aclaró que “han variado las circunstancias desde el momento que yo escribí este trabajo y por lo tanto se ha modificado mi punto de vista”. “Los hechos que se conocieron en los últimos días (toma de empresas privadas y liberación de las barreras de las autopistas) me hacen pensar en la existencia de "abuso del derecho" por parte de algunos grupos piqueteros y "desinterés del estado" por el flagelo de la pobreza”.
Denuncias penales
Por su parte, las empresas concesionarias de las autopistas La Plata-Buenos Aires, Riccheri y Del Sol (Panamericana) presentaron en los últimos días tres denuncias penales contra los piqueteros de la agrupación de Raúl Castells que liberaron las barreras de peaje en esas vías.
Los delitos que las empresas les imputan a los piqueteros son, entre otros, "usurpación, entorpecimiento del libre tránsito, coacción e intimidación". Según estimaciones de las empresas, cada autopista registró pérdidas que oscilaron entre los $ 30.000 y los $ 40.000. El costo total del lucro cesante por la medida de fuerza superaría los $ 100.000.
Autopistas al Sur, concesionaria de esa autovía (RICCHIERI), radicó una denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo de Federico Martínez, porque unos 300 manifestantes liberaron las barreras de los peajes de la autopista. La firma, que estimó sus pérdidas en $ 35.000, argumentó "violación de sus derechos a ejercer libremente el comercio, trabajar. Estorbo y entorpecimiento de libre tránsito". Los piqueteros también manifestaron sobre la Panamericana, a la altura de la ruta provincial 197, en Tigre. La empresa concesionaria Autopistas del Sol, presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de Conrado Bergesio, por coacción, intimidación y daños. Además, estimó sus pérdidas en $ 30.000.
En tanto, la empresa Coviares SA, a cargo de la autopista La Plata-Buenos Aires, presentó una denuncia ante el juez federal Manuel Blanco. Unos 150 piqueteros protestaron ante las cabinas del peaje Hudson, en el kilómetro 31 de esa autovía. "Estas manifestaciones generan graves riesgos para los usuarios de la autopista", dijo el concesionario. Y denunció: "Esta situación se torna caótica e imposible de administrar". La empresa estimó un lucro cesante de $ 40.000 e invocó las figuras de usurpación y perturbación de circulación tipificadas en los artículos 181, inciso 1 y 2, y 194 del Código Penal.