Por primera vez desde que estalló la polémica en torno al proyecto oficialista para reformar el Consejo de la Magistratura, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, defendió públicamente la iniciativa. En un
colmado Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dijo que el criterio de reducción del número de integrantes “privilegia a los miembros salidos del voto popular” y que “es parte de una reforma integral de la Justicia”.
“El proyecto aprobado en el Senado a mi juicio corrige -con la experiencia de siete años- errores. Pero se conserva el equilibrio", aseguró Iribarne, quien ya se había expresado al respecto aunque en esa ocasión lo hizo a través de una nota de opinión publicada por un diario nacional.
El funcionario sostuvo, además, que “más allá de lo que dicen muchos opositores,
el proyecto (aprobado por el Senado) es una reforma amplia y profunda”. Y mencionó
el descrédito hacia la Justicia, en base a algunas encuestas en poder del Gobierno. “Todas las encuestas reflejan la desconfianza de la gente hacia la Justicia. Este descrédito no es por casualidad. Los políticos no pudimos articular un proyecto general integrador. Perder el crédito es más fácil que recuperarlo”, dijo en tono reflexivo.
Las declaraciones de Iribarne abrieron un
intenso debate convocado por la organización Conciencia y por el Diálogo Argentino. De la jornada participaron otros representantes de la política (del oficialismo y de la oposición) además de académicos y prestigiosos abogados constitucionalistas.
La jornada estuvo organizada en
dos mesas de debate, una dedicada a intercambiar opiniones sobre la reducción del número de miembros del Consejo de la Magistratura y la segunda referida a cómo mejorar el desempeño del instituto creado por la reforma constitucional de 1994. Sin embargo el evento superó las expectativas de los organizadores:
mucha gente quedó parada y soportó un intenso calor, que se multiplicaba a medida que transcurrían las exposiciones de cada invitado (dispusieron de ocho minutos).
Voces a favor
En representación del Gobierno también estuvieron presentes el diputado Luis Cigogna, las senadoras Vilma Ibarra y Diana Conti, actual integrante del Consejo, y el Procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino. A decir verdad ninguno la pasó bien. Todos fueron interrumpidos en su alocución por un sector minoritario del público que
le pedía argumentos jurídicos y no políticos.
No obstante el
clima adverso, el diputado kirchnerista Luis Cigogna fue directo al punto en debate y dijo que "cuando se objeta el equilibrio se equivocan (por la opisición). No se trata de igualdad, porque si se hubiera querido eso se habría usado esa palabra".
Además, Cigogna utilizó una suerte de metáfora para defender el proyecto, que –según dijo – “no se trae a las apuradas”. “En el Consejo deben prevalecer
los representantes del pueblo porque eso hace a la sustancia de la democracia”, remarcó.
Por su parte,
el Procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, sostuvo que “es mentira que se está desnaturalizando el equilibrio” y que con las críticas al proyecto “se está soslayando la voluntad de la ciudadanía”. Asimismo, negó rotundamente que el Gobierno tenga la intención de controlar a los jueces. “Nadie puede hablar de un control de la Justicia por parte de este Gobierno”, dijo, y se preguntó “¿Cuántos jueces pueden ser designados en seis meses”, olvidando el destino del Consejo con los próximos gobiernos.
Por último, resaltó “
el gobierno no hizo campaña periodística a favor del proyecto, pero sí hubo una campaña en contra”.
En la misma dirección, la senadora Vilma Ibarra, que se definió como un “apoyo crítico” del gobierno, sostuvo que “el cambio de integración del Consejo no va a afectar la independencia de los jueces” y recordó que el presidente Kirchner autolimitó sus facultades para designar los nuevos integrantes de la Corte. Para contestar las críticas por el alto porcentaje de políticos en la integración propuesta, Ibarra no tuvo mejor idea que aclarar que “los abogados y los jueces también hacen política”.
Voces en contra
De la otra vereda, el ex juez de la Cámara Federal y ex ministro del Justicia radical, Ricardo Gil Lavedra, manifestó que el proyecto
“supone una captura del Consejo por parte del oficialismo, porque le asegura el poder de veto y viola el equilibrio”. Tal como están planteadas las cosas “ningún aspirante a juez va a llegar al cargo sin un amigo en el oficialismo”, agregó.
El senador salteño, Ricardo Gómez Diez, integrante actual del Consejo, explicó que si se reducen a 13 los miembros,
la representación del oficialismo pasaría del 25 al 38%, y la del sector político pasaría de un 45 a un 54%”. Además, criticó la exclusión del presidente de la Corte del Consejo y comparó el proyecto que se aprobó en el Senado con el aumento de jueces de la Corte a principios de la década del 90.
Entre los académicos que expusieron sus ideas también estuvo el constitucionalista Daniel Sabsay, quien entendió que “hay que reformar el Consejo, pero este (proyecto) no sólo es inconstitucional, sino que no responde ni soluciona los problemas de la Magistratura".
dju / dju
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