La iniciativa explica que la función de este organismo sería garantizar “el cumplimiento de la libertad de expresión en los medios de comunicación, la protección de los ciudadanos, la pluralidad de opinión y el acceso de las minorías nacionales étnicas, culturales, sexuales, lingüísticas, religiosas o etarias a los medios de difusión” .
Según entienden los autores del proyecto, que el Comité Federal de Radiodifusión sea una entidad cuyas facultades fueron conferidas desde el Ejecutivo, representa una amenaza hacia la libertad de prensa y esto se ve aún más a partir del Observatorio de Medios y su ejercicio en el marco del conflicto entre el campo y el Gobierno.
La actividad del Observatorio ya fue denunciada el 29 de abril pasado por el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega y la ex diputada Elisa Carrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto a la firma de 17 legisladores de los diferentes bloques.
Los diputados de la oposición afirmaban una “presunta violación y grave menoscabo a la libertad de prensa “por el sometimiento de los medios al “Observatorio de Discriminación en los Medios”.
En la misma línea, los autores del proyecto de ley cuestionan que el hecho de que el ente “posea poder punitivo sobre los medios de comunicación”, representa “una herramienta de censura previa”.
Por esta razón, la iniciativa propone quitar todos esos elementos condenatorios que se practican desde el Poder Ejecutivo y trasladar la función de control de los medios al Poder Legislativo. El objetivo es lograr un funcionamiento que posea “autonomía” y resulte independiente del gobierno de turno.
“El Defensor de la Libertad de Expresión tendrá por función no sólo resguardar los derechos de los ciudadanos, sino también preservar la calidad y transparencia de la información en la prestación de los servicios de radiodifusión, asegurándose de respetar por encima de todo la libertad de prensa y expresión, entendiendo que dicha libertad resulta ser una piedra medular de todo sistema representativo, republicano y federal” afirma la propuesta de la UCR.
Entre las reglamentaciones formales, el defensor de la Libertad de Expresión deberá presentar un informe público una vez al año sobre su trabajo y la actitud de las autoridades de los medios en cuanto al seguimiento y respeto de las directrices de la Defensoría.
Los candidatos para desempeñar el cargo, serían propuestos por cada uno de los tres principales bloques parlamentarios. La elección estaría a cargo del primer partido opositor y los adjuntos pertenecerían, uno al oficialismo y otro al segundo partido opositor. El mandato de los integrantes de la Defensoría de la Libertad de Expresión será de cinco (5) años, con posibilidad de ser reelectos por una sola vez.
El proyecto sostiene la urgencia por dictar una nueva ley de Publicidad Oficial y legislar en materia de Acceso a la Información y de Medios Públicos, con el objetivo de “evitar procesos discriminatorios o abusivos del estado sobre los medios de comunicación y de garantizar la más amplia difusión en el tratamiento de la información pública”. Precisamente este miércoles el titular del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) Gabriel Mariotto, viajó a los Estados Unidos para reunirse con distintos funcionarios con motivo de la nueva ley de Comunicación Audiovisual. Entre las citas agendadas, se reunirá con el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timmerman.