Asimismo, se plantea que en esos 12 años, la asignación presupuestaria, en promedio, mantuvo una composición que representa un 15% de lo asignado al Poder Judicial, para la Corte Suprema, y un 85% para el Consejo de la Magistratura. Esta participación “cada vez menor” con respecto al presupuesto de toda la administración es caracterizada como “restrictivas condiciones estructurales” en las que el Consejo debe realizar la función que por ley ostenta, formular, administrar y gestionar una buena parte del presupuesto del Poder Judicial (más de 2.600 millones de pesos).
En cuanto a la utilización de ese dinero durante todo este tiempo, el trabajo indica que en promedio, anualmente, se destina cerca del 86 % de lo asignado para el pago de remuneraciones para el personal destinado al conjunto de tribunales y dependencias judiciales.
Mientras que el resto se distribuye, un 9% para gastos de funcionamiento y mantenimiento, 4% destinado a inversiones (que incluye equipamientos informáticos y de comunicaciones, la adquisición de inmuebles para oficinas, la adecuación de la infraestructura edilicia existente y el mobiliario de oficinas) y el 1% restante está destinado a la atención de pasividades.
Asimismo se resalta la obtención de recursos a través de “activos financieros”, donde se acumulan los recursos que se recaudarán, de acuerdo con las proyecciones tributarias “pero que no son asignados a partida de gasto alguna dentro del Presupuesto del Poder Judicial Consejo de la Magistratura, y engrosan un concepto mayor denominado ‘Financiamiento del Presupuesto’, que permite balancear el resultado global”. Pero estos recursos sólo pueden ser utilizados con la autorización del Jefe de Gabinete.
En otro orden de cosas, se apunta también a las diferencias entre las resoluciones del Consejo sobre el presupuesto y lo que efectivamente se le otorga con la ley. Por ejemplo para el año 2010, el organismo en su resolución solicitó cerca de 3.500 millones de pesos, aunque lo otorgado fue poco más de 2600 millones.