Brevatas

Convenio educativo entre la Corte Salteña y el STJ de Yucatán

La Corte de Justicia de Salta y el Superior Tribunal de Justicia de Yucatán, México, firmaron un convenio de colaboración académica por medio del cual se establece la articulación de un sistema de colaboración mutua y la promoción de actividades educativas, científicas y culturales, entre la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial local y el STJ de Yucatán. Para la definición de las actividades conjuntas, se suscribirán protocolos adicionales. El convenio fue refrendado por el presidente del máximo tribunal provincial, Guillermo Posadas, y por la gobernadora del Estado mexicano de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco. De la reunión también participaron la ministra de Justicia de la provincia, María Inés Diez, y los jueces del alto tribunal salteño María Cristina Garros Martínez, María Rosa Ayala, Guillermo Catalano, Gustavo Ferraris, Abel Cornejo y Fabián Vittar. Mientras que la mandataria mexicana fue acompañada por el presidente del TSJ Yucatán, Ángel Francisco Prieto Méndez; la magistrada tercera de dicho tribunal, Adda Cámara Vallejos.

Carta de abogados del continente y de España al secretario general de la ONU

Más de mil juristas reunidos en un seminario sobre Ciencias Criminales en Brasil exhortaron al Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, a realizar acciones contra los países que todavía hoy mantienen la pena capital. Los letrados le pidieron que “haga cuanto pueda para que la Asamblea General de la ONU confirme la resolución por la moratoria universal, como camino para la abolición y a favor de la ratificación general del Segundo Protocolo Opcional del Pacto de Derechos Civiles y Políticos hasta 2015”. La declaración de los juristas fue movilizada por las últimas “noticias sobre ejecuciones de penas de muerte” en Estados Unidos, China, Japón, Afganistán e Irán. “El compromiso contra la pena de muerte incluye también las formas en que ésta se ejecuta al margen de la ley, por el uso policial abusivo de la fuerza letal, fenómeno que oscurece el éxito de este continente latinoamericano que desde [el] Río Grande hasta la Patagonia, es territorio libre de la pena capital, pues se ha abolido ésta en la mayoría de los países y no se ejecutó ninguna en los últimos siete años”, plantearon los abogados iberoamericanos en Brasil. Entre los firmantes de la carta dirigida a Ban Ki-Moon estuvieron los juristas brasileros Sérgio Mazina Martins y Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia de ese país. Entre los argentinos, suscribieron la misiva la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martinez y el profesor de la Facultad de Derecho de la UBA Luis Nino.