La suspensión preventiva de la navegación del Riachuelo es una medida que tomó hoy el juez federal de Quilmes Luis Armella, en el marco del cumplimiento del fallo "Mendoza", donde se estipula la limpieza del río por parte de entidades estatales y de los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad. Además, ordenó "el desalojo inmediato de todas las obstrucciones" que se encuentren en los márgenes de la cuenca y en la Traza Costera Ambiental.
Armella dispuso que no podía circular por el Riachuelo ninguna embarcación "en estado de flotabilidad" ya que declaró a la cuenca como "zona crítica de protección especial con servidumbre de paso especial".
Las jurisdicciones que fueron alcanzadas por la orden judicial son las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de Avellaneda, Almirante Brown, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.
También solicitó a Juan José Mussi, titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) que "realice todas las acciones que resulten conducentes para darle curso normativo, efectivo y reglamentario a lo resuelto en la presente medida". Y pidió que se publique "de forma inmediata" la resolución en el Boletín Oficial.
La Prefectura también recibió la orden de mantener esta medida vigente, para que monitoree la cuenca en tanto dure la orden del juez. Y, por otra parte, y en colaboración con este trabajo, las fuerzas de seguridad podrán retirar a cualquiera que esté "invadiendo el área de protección apuntada".
Por su parte, Armella aseguró que el incumplimiento de la medida acarrea sanciones para Acumar, que involucra "el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento con sus propios patrimonios". Además, el organismo deberá identificar todos los "bienes" como "flora y fauna, monumentos, construcciones edilicias de interés cultural o valor histórico, puentes emblemáticos, predios y lagunas" de la cuenca, para garantizar su protección.
La causa del Riachuelo suma un capítulo más en una historia de idas y venidas que data del menemismo, cuando en 1993 María Julia Alsogaray, por entonces secretaria de Recursos Naturales, aseguró que en mil días limpiaría la cuenca. Hoy, 18 años después, fallo de la Corte Suprema de por medio, el río sigue en muy malas condiciones, y el problema se ha tornado complicado.
Las tomas de viviendas en el Bajo Flores que iban a ser destinadas a los habitantes de asentamientos de los márgenes del río son, por ejemplo, un capítulo en la lucha por limpiar el Riachuelo, que parece que cada día suma un inconveniente diferente.
En un sondeo realizado en Tribunales por DiarioJudicial.com en febrero de este año, muchos abogados coincidieron en que la Justicia no agotó todas las instancias de presión para que se cumpla la resolución de la Corte sobre el saneamiento. Asimismo, atribuyeron parte de la falta de acción a que se trata de un "problema político".
dju
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