Por el contrario, fuentes del fuero Penal Económico indicaron que los procesos por evasión se paralizan por disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional que frenan las denuncias cuando los incumplidores se inscriben en alguna de las sucesivas moratorias impositivas.
El titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, Jorge Brugo, confirmó a DiarioJudicial.Com que “desde hace más de un año no entran denuncias” de la AFIP contra evasores. “No es una desidia de penal económico –remarcó el juez- el tema es que no entran causas”. Asimismo es muy frecuente que los magistrados de esa instancia "intimen a los inspectores de la DGI a que formulen sus informes con mayor celeridad", explicaban los funcionarios del fuero consultados.
Brugo es uno de los magistrados del fuero penal económico que opinan que la autoridad impositiva “usa” al fuero penal económico como una “amenaza” contra los evasores: o pagan o se inicia el proceso. “Usan el temor a un juicio para forzar un arreglo con la DGI” , afima. Para el magistrado, esta actitud –avalada desde el parlamento por varias leyes y en sucesivos decretos del Ejecutivo- beneficia a los grandes evasores que con mayor rapidez se acogen a las facilidades de pago.
Otro de los jueces del Fuero Penal Económico que apuntan a la responsabilidad de la DGI en el manejo de los grandes evasores es Julio Cruciani. “La DGI es auxiliar del juez y no el juez auxiliar de la DGI”, opinó el magistrado.
Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura continúa con los concursos para la formación de un nuevo fuero, específico para elevar a proceso oral a los evasores. “El tema no se resuelve con un nuevo fuero -remarcaron las fuentes – si se sigue beneficiando a los evasores con más moratorias”.
La conformación de este nuevo fuero es duramente criticada por algunos magistrados de Penal Económico, entre ellos el juez Cruciani –una suerte de “cruzado” contra la conformación de este ámbito-. “Es necesario reformar el plantel de la DGI, porque el problema de la recaudación no deriva de la justicia sino de la DGI”, remarcaba el magistrado en recientes declaraciones a este medio, opinando además que con el fuero Penal Tributario “el problema no se va a solucionar sino al contrario se va a agravar”. Un dato curioso a tener en cuenta, explicaba una fuente ajena a la disputa, es que en las primeras posiciones del concurso para designar a los flamantes jueces del nuevo fuero, se ubican en un 90 % funcionarios judiciales del Penal Económico. Un solo letrado que no es del Poder Judicial y “ningún abogado de la DGI” remarcó la fuente.
El debate sobre justicia y evasión se reaviva cada vez que la cuestión tributaria queda en el centro de la escena. La recaudación no para de bajar desde diciembre del año pasado, cuando entró en vigencia el corralito financiero. Ese mes los ingresos registraron el nivel más bajo de los últimos diez años: con 2.281 millones de pesos, y en enero esa tendencia se repitió, al registrarse una caída de los ingresos superior al 19 %.
Ante este panorama, el gobierno ya adelantó que emitirá moneda por 1.000 millones de pesos para cubrir el agujero fiscal. Esta emisión es casi la tercera parte de lo que permite el Presupuesto Nacional para todo el año.