Primer juicio con el nuevo sistema de jurados populares

El próximo 9 de mayo, en la Cámara del Crimen de la ciudad de San Francisco, perteneciente a la quinta circunscripción de Córdoba, se realizará el sorteo de los 24 ciudadanos, 12 mujeres y 12 hombres, que decidirán si es inocente o culpable un hombre que mató, antes del 1 de enero de 2005, a otro de un disparo desde la terraza de una vivienda, cuando éste último caminaba por la calle.

Los jurados saldrán del listado de 42 ciudadanos sorteados del padrón electoral, que fue publicado por el Tribunal Superior de Justicia provincial la semana pasada. Ese fue el primer listado que se oficializa después de la aprobación de la ley 9.182 que instituyó el sistema de jurados populares para delitos aberrantes y de “guante blanco”. Sin embargo, según fuentes del Tribunal Superior cordobés, el juicio contra este ciudadano empezaría recién en el mes de agosto.

Esta sistema, que se modificó hace cuatro meses cuando se sancionó la ley 9.182, todavía no se pudo aplicar en razón de la interpretación de la ley que hace la mayoría de los camaristas. Para ellos, juzgar con este sistema delitos ocurridos antes de la vigencia de la nueva ley, viola la garantía constitucional del juez natural.

Sin ir más lejos, la semana anterior la Cámara Primera Criminal y Correccional de Río Cuarto rechazó con este argumento la integración de un jurado popular para juzgar a un presunto homicida. Pero éste no es el único obstáculo. En algunas circunscripciones del norte provincial, las personas sorteadas que reúnen las exigencias no llegan a ocho, cantidad mínima de jueces legos que impone el sistema. Para solucionar este inconveniente, el Tribunal Superior ya ordenó un tercer sorteo. El mismo se realizará el 20 de este mes, en cuatro circunscripciones de la provincia.

El primer sorteo, cuyos resultados adelantamos en este medio en el mes de febrero, arrojó una situación alarmante. Sólo un 23% de los sorteados, unas 355 personas, cumplían con los requisitos que estipula la ley: tener entre 25 y 65 años, nueve años de educación obligatoria, gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño de la función, no ser empleado público, etc.

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