La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un caso contra la Argentina en la CorteIDH en el marco de una denuncia iniciada por varias personas condenadas a prisión y reclusión perpetua por delitos que cometieron cuando eran menores de edad.
Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que presentó un nuevo caso contra la Argentina en la Corte IDH. Se trata del caso “César Alberto Mendoza y otros (prisión y reclusión perpetuas)” donde los peticionarios fueron condenados a prisión perpetua y a reclusión perpetua por hechos cometidos cuando todavía no habían alcanzado los 18 años.
Se trata de un caso en el que César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza, Ricardo David Videla Fernández y Saúl Cristian Roldán Cajal fueron condenados a prisión perpetua y Claudio David Núñez a reclusión perpetua por parte de la Justicia Argentina cuando tenían entre 16 y 17 años.
Según las víctimas fueron condenados “habiéndose aplicado con criterio restrictivo el régimen penal juvenil, de la misma manera que si se hubiera tratado de mayores de edad y pasando por alto la importancia de evaluar la necesidad de imponer siquiera la pena de prisión y, en su caso, hacerlo dentro del paradigma de la mínima intervención, que guía el marco convencional juvenil”.
Asimismo se destaca que “las autoridades judiciales respectivas actuaron en desconocimiento de los estándares internacionales aplicables en materia de justicia penal juvenil, en particular, la privación de libertad únicamente como medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda, así como la obligación de asegurar una revisión periódica de la posibilidad de excarcelación”. Lo que se vio agravado por “las restricciones en el alcance de la revisión mediante los recursos de casación interpuestos por las víctimas, lo que dio lugar a que no pudieran argumentar cuestiones de hecho y valoración probatoria mediante los referidos recursos, situación que consolidó la injusticia generada con la condena a prisión y reclusión perpetuas a los adolescentes”.
Los seis condenados por la Justicia Argentina fueron condenados por diversos hechos entre los que se puede nombrar el robo de vehículos; asaltos a mano armada; homicidios calificados, lesiones a varias personas, asaltos a mano armada en domicilios particulares; robo agravado en concurso con homicidio agravado, y tenencia ilegal de armas de guerra, coacción agravada y portación ilegítima de arma de uso civil.
También, el caso se relaciona con una serie de violaciones ocurridas en el marco del cumplimiento de las condenas, bajo la custodia del Estado. Videla Fernández y Roldán Cajal, “fueron sometidos a condiciones de detención incompatibles con su dignidad humana en la Penitenciaría Provincial de Mendoza, situación que dio lugar a la muerte de Ricardo David Videla Fernández, quien padecía problemas de salud mental, sin que el Estado adoptara medidas razonables para prevenir su muerte y, posteriormente, investigarla efectivamente”.
Por su parte, Lucas Mendoza “perdió la visión sin que el Estado le hubiera otorgado tratamiento médico para evitar el deterioro de su situación”, mientras que al igual que Núñez “fueron víctima de actos de tortura que tampoco fueron investigados de manera adecuada”.
Aunque la noticia de la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue conocida este miércoles, la presentación fue realizada el pasado 17 de junio puesto que la CIDH consideró que “el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo”.