“Es una asignatura pendiente desde la reforma constitucional de 1994”. Así se pronunció el gobernador bonaerense Daniel Scioli, refiriéndose al proyecto de Ley elaborado desde el Poder Ejecutivo para implementar el juicio por jurados en toda la provincia. De esta forma buscó, además, acoplar las iniciativas que está llevando a cabo el gobierno en Buenos Aires con respecto a otras consideraciones de la reforma: la Policía Judicial y el defensor del Pueblo.
"Todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del despacho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego de que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito; pero cuando este se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio", establece la Constitución Nacional desde su última reforma.
Pero a pesar de que la medida fue sumamente solicitada desde varios sectores, luego de que se dieran a conocer los datos pormenorizados del proyecto, surgieron las críticas. Por eso Diario Judicial se comunicó con algunas de las partes interesadas en que se lleve a cabo la medida para saber qué consideraciones hicieron al respecto.
“Queremos que salga la Ley, la apoyamos, apoyamos la iniciativa y la medida, por eso pretendemos que no se malinterprete lo que decimos: tenemos críticas y queremos señalar cuestiones que nos parecen fundamentales”, afirmó Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y miembro de la Junta Directiva Nacional del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Harfuch hizo la aclaración debido a que el INECIP se posicionó al respecto del proyecto realizando las críticas que consideraron importantes. Pero enfatizó que ello no implicaba que “no apoyemos la iniciativa, queremos que se convierta en Ley”.
“Tal como se presentó, tiene aspectos sumamente destacables que ya enunciamos oportunamente, como el jurado de doce personas, que juzga con íntima convicción y con partes iguales de hombres y mujeres, el requerimiento de la unanimidad para la cadena perpetua, acompañamos esta medida con nuestro apoyo más explícito, pero queremos aclarar que hay puntos que, de modificarse, pueden hacer que se convierta en legislación de avanzada.”
De forma puntual, los miembros de INECIP realizaron críticas sobre el listado de preguntas que se le impondría a los miembros del jurado sobre “temas que no tienen por qué saber”, en relación a la experiencia francesa y belga en este respecto. “O nos posicionamos en un sistema puro o usamos uno europeo”, señaló Harfuch.
“Este punto es fundamental ya que esto desnaturaliza por completo la labor de jurado, no le agrega nada en términos de constitucionalidad o motivación. No había necesidad de agregar estas preguntas (que son entre 300 y 400) y si durante la actividad parlamentaria, durante el debate, se pueden quitar estas previsiones, la normativa recobrará vigor”, aseveró el letrado.
También aseguró que la cuestión relativa a la potestad para que un juez profesional pueda rechazar la decisión del jurado. Es que, según entendió, “esta precisión puede funcionar en un país como Estados Unidos donde esta institución está muy practicada desde hace tiempo, pero en Argentina, donde aún no se puso en práctica, resulta una decisión apurada brindar esta posibilidad. No estamos listos para afrontar esta discusión sin pasar previamente por la experiencia”.
En tanto, Pedro Augé, secretario del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires aseguró a Diario Judicial que “desde lo académico, hay muchos fundamentos a favor de la iniciativa que propone el gobierno bonaerense. Pero desde el punto de vista de la implementación creo que hay que hacer algunas críticas”.
El abogado precisó que, si bien el Colegio aún no emitió ninguna posición firme, ya hay algunas posturas que finalmente constituirán la opinión de los letrados al respecto. “Muchos de los colegios de la provincia tienen fuertes reparos con respecto al tema de la implementación. Sobre todo en cuanto a garantizar la seguridad de los jurados, la independencia de sus miembros. Ya de por sí resulta difícil con muchos jueces profesionales, fiscales, etcétera, por eso este tema debería tener un tratamiento a nivel parlamentario”.
De todas formas, destacó el “debate que se está abriendo en torno a esta iniciativa. Se trata de una cuestión que estaba postergada como muchas otras del mismo nivel de importancia y contempladas a nivel constitucional”.
En líneas generales, las dudas surgieron a raíz de la implementación “que nos parece un poco difícil, teniendo en consideración los graves problemas que afectan desde hace unos años el servicio de Justicia, como el colapso edilicio, pero obviamente existen especialistas a favor de la medida y tienen una profunda esperanza de que se implemente el juicio por jurados en la provincia”.
Federico Domínguez, presidente de la Cámara de Casación de La Plata, se mostró muy a favor del proyecto y no ahondó en críticas. Por el contrario, prefirió alegar que está muy a favor y que siempre ponderó esta manda constitucional.
“En el juicio por jurados hay cuestiones de buena voluntad, no creo que haya mayores inconvenientes en los términos de su aplicabilidad”. En este sentido, agregó que no habría mayores inconvenientes en relación a los problemas edilicios que Augé señaló que podrían llegar a presentarse. “Sesionan y se van”, consignó.
“Al margen de las consideraciones que se puedan hacer, lo importante es determinar los honorarios para la gente que, de seguro, serán un gasto mucho menor que los cargos judiciales, “eso es un hecho”.
santiago pérez
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