La Procuración Penitenciaria de la Nación recomendó al Director del Servicio Penitenciario Federal que se informe a las mujeres embarazadas o madres de niñas menores de cinco años su derecho a acceder al arresto domiciliario en ciertas condiciones.
La Procuración Penitenciaria de la Nación elaboró y remitió al Director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) una recomendación para que las unidades que alojan mujeres informen sobre su derecho a acceder al arresto domiciliario en determinadas circunstancias.
El organismo encabezado por Francisco Mugnolo recomendó al SPF que imparta instrucciones para que en todas las unidades que alojen mujeres a su cargo se haga entrega de los artículos 32,33 y 34 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24660) al momento del ingreso al penal.
Es decir, se le informe los supuestos en los que procede la detención domiciliaria, que incluye entre ellos a las mujeres embarazadas y a las que posean hijos menores de cinco años a su cargo.
Asimismo, se le recomienda que arbitre los medios necesarios para que el SPF notifique inmediatamente a la Defensoría General de la Nación y a la Procuración Penitenciaria de la Nación cuando una mujer se encuentre enmarcada en los requisitos legales del artículo 33 de la Ley 24.660.
La elaboración de la recomendación 789/PPN/13 se realizó a partir de un relevamiento efectuado por el equipo de trabajo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria en el que se evidenció “la falta de información precisa a las detenidas respecto del derecho a la aplicación del instituto del arresto domiciliario”.
En el mismo informe se detectó también que las áreas “no informan” la posibilidad de acceder al beneficio y que “únicamente intervienen remitiendo los escritos de solicitud ‘por derecho propio’ a los defensores una vez que las detenidas así lo solicitan”.
“A mayor acceso a la información de sus derechos por parte de mujeres detenidas, además de generar una situación de especial empoderamiento, permite que se logre la efectivización de los mismo en pos de una verdadera protección integral de sus derechos”, consignó la Procuración Penitenciaria en la recomendación.
Asimismo destacaron la necesidad de una “participación activa” del SPF mediante una “adecuada política con perspectiva de género de información exhaustiva de derechos”, sobre todo, “en aquellas situaciones en que se ven vulnerados los derechos de las/os niñas/os y de sus progenitores”.
La recomendación elaborada fue comunicada a todos los directores de unidades penitenciarias; al Ministro de Justicia y a su Subsecretaria de Gestión Penitenciaria; a los jueces de Ejecución Penal; a la Defensoría General de la Nación y a los defensores a cargos de las defensorías públicas ante el fuero de Ejecución Penal.