La Defensoría General de la Nación expresó su “profunda preocupación” ante la difusión en los medios de comunicación de diversas iniciativas tendientes a disminuir a 14 años la edad mínima de imputabilidad penal de niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría General de la Nación expresó su “profunda preocupación” ante la difusión en medios de comunicación de diversas iniciativas tendientes a disminuir a 14 años la edad mínima de imputabilidad.
En un comunicado difundido en las últimas horas recordaron el fallo de la Corte IDH en la causa “Mendoza y otros Vs. Argentina”, dictado en mayo de este año y donde se condenó al Estado de Argentina por la vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, en virtud de la imposición de sanciones penales desproporcionadas a niños, niñas y adolescentes.
Para la Defensoría General “dichas iniciativas contradicen abiertamente las directivas recientemente sentadas en el fallo”. En aquella sentencia la Corte IDH dispuso que la Argentina deba ajustar su marco legal a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de justicia penal juvenil y diseñar e implementar políticas públicas.
Las que deben tener “metas claras y con adecuada asignación de recursos presupuestarios, para la prevención de la delincuencia juvenil a través de programas y servicios eficaces que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes”.
En este sentido la Defensoría explicó que “la reducción de la edad de la imputabilidad de las personas menores de edad contradice el principio de no regresividad, que impide al Estado restringir los progresos alcanzados en la protección de los derechos humanos de la niñez”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la existencia de iniciativas legislativas que tienen por objeto la disminución de la edad mínima para que los niñas, niñas y adolescentes sean sujetos de sanciones penales ordinarias, por considerar que ello implica una regresión respecto de los estándares alcanzados en el marco de los procesos de adecuación de la legislación interna a los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, recordaron desde el organismo.
“La Defensoría General de la Nación entiende que un modelo de responsabilidad penal juvenil acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, sólo podrá ser alcanzado en el marco de un trabajo conjunto de legisladores, magistrados, autoridades y académicos especializados”, concluyeron.