"El sistema acusatorio ya se ha desarrollado en toda Latinoamérica", afirmó el ministro de Justicia, Julio Alak, este martes frente a senadores y diversas organizaciones del mundo del Derecho y la sociedad civil en general. Reconoció, acaso, el retraso que tiene el país en este sentido, y defendió de esta forma la reforma al Código Procesal Penal que se impulsa desde el oficialismo, tras la sanción del nuevo Código Civil y Comercial.
Además de buscar la implementación de un sistema que fue largamente reclamado desde muchos sectores que veían con mala cara el hecho de que los jueces investiguen y dispongan acciones en el proceso, esta iniciativa fue reconocida estas últimas semanas por traer a colación el debate sobre los extranjeros que delinquen en nuestro país y la posibilidad de que, a partir del nuevo cuerpo normativo, sean deportados a su lugar de origen.
Si bien muchas veces las opiniones fueron motivadas más por prejuicios que por datos concretos de la realidad carcelaria y estadística en torno al delito, lo cierto es que la discusión fue instalada con mucha fuerza a partir de un mensaje brindado por la presidente Cristina Fernández en cadena nacional, cuando anunció el envío del proyecto al Congreso. Fue allí donde la primera mandataria puso de manifiesto la necesidad de avanzar en una legislación de este tipo.
En un intento, quizás, por suavizar este discurso que aboga por medidas concretas ante hechos cometidos en flagrancia, el ministro Alak precisó ante los senadores que la reforma “no pretende establecer sistemas de mano dura simbólica, sino que pretende acelerar los plazos, sumar oralidad al proceso, garantizar que quien cometa un crimen sea penado y que la victima pueda participar activamente del proceso”.
“Es un instrumento mas de la política criminal del Estado. (...) Este Código va a permitir enfrentar los nuevos desafíos para enfrentar todo tipo de delitos, pero especialmente con el crimen organizado”, afirmó en este mismo sentido el funcionario, tratando, nuevamente, de quitar el foco de los delitos menores sobre los cuales suele pesar el discurso mediático de la inseguridad.
Alak también destacó que esta reforma condensa a los "mejores proyectos" presentados por diputados y senadores en los últimos 30 años en materia penal, y defendió nuevamente el traspaso al sistema inquisitorio que, ciertamente, es pedida con "unanimidad doctrinaria, legislativa y hasta judicial".
“La condena tiene que llegar en tiempo oportuno para que la víctima y toda la sociedad sientan que el Estado les da una respuesta efectiva ante el delito”, enfatizó el titular del Ministerio de Justicia ante los integrantes de la Cámara Alta.
En tanto, su par Julián Álvarez también defendió la iniciativa con un discurso más encendido de cara al Poder Judicial, afirmando que con este nuevo cuerpo normativo se generará "un procedimiento ágil y sencillo que termina con las chicanas judiciales", acelerando el tiempo que dura un proceso en el fuero.
En este sentido, dio un ejemplo: explicó que una vez que un caso ingrese al sistema penal, el fiscal (que contará con mayores facultades para investigar o indagar cuestiones rápidamente) tendrá un máximo de 15 días para manifestarse en relación a la causa.
Álvarez explicó que el integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF) tendrá la opción de formalizar la investigación o desecharla. En la primera de las opciones, el trabajo no puede durar más de un año, y el proceso con la acusación realizada no puede superar los tres años en tener una sentencia. También se podrán realizar juicios directos cuando no se precisen investigaciones de un año.
dju
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