Los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura decidieron, este jueves, citar por el artículo 20 de su reglamento al juez federal quilmeño Luis Armella y, en el mismo orden de llamados, se postergó la citación de los camaristas federales de Bahía Blanca, Ricardo Planes y Pablo Candisano Mera.
En el primero de los casos, la denuncia y citación se propusieron a raíz de las irregularidades detectadas en la causa que llevaba adelante el magistrado en torno a la limpieza del Riachuelo. Intervenía gracias al Reglamento de Procedimiento Administrativo y Recursivo Judicial de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que fue modificado para generar el desplazamiento del magistrado. Esta iniciativa fue confirmada, más tarde, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En el caso de los magistrados de Bahía Blanca, el análisis de la situación va en un plano general: desde el oficialismo alegaron en más de una oportunidad que las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar son manejas a discreción por los jueces federales de esa ciudad. Entonces, la citación de estos camaristas apunta a despejar dudas al respecto, pero con señalamientos hechos sobre la tarea que ellos mismos desempeñaron en este sentido.
En encuentros anteriores de la Comisión, las discusiones por este tema fueron verdaderamente fuertes, ya que los consejeros del oficialismo y quienes se oponen dentro del organismo fueron variadas y, sobre todo, fuertes. Julián Álvarez recordó que, por ejemplo, el integrante de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, fue personal civil de inteligencia durante la última dictadura militar de nuestro país.
Pero en relación a la citación de Armella, muchas cosas sucedieron antes de que el Consejo tomara esta decisión. El apartamiento de la causa del juez fue decidido en base a un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) donde se ponían de manifiesto varias irregularidades a la hora de contratar empresas para sanear el Riachuelo.
Algunas investigaciones en contra del magistrado se unificaron en el juzgado federal de La Plata que está a cargo de Manuel Blanco. Allí se dirigieron las actuaciones que llevaba, en la Capital Federal, Sebastián Casanello. Desde el Consejo decidieron, además, liberar un oficio para saber exactamente cuántas causas penales fueron iniciadas en contra de Armella.
La Fiscalía General de La Plata comenzó a investigar al juez quilmeño a partir de algunos informes periodísticos que señalaban lo mismo que los informes de la AGN: que el magistrado derivaba contratos en el marco de la causa “Mendoza” a empresas con las que tenía vinculación familiar. De esa forma llegó la causa a las manos de Blanco, quien alegó una cuestión territorial para que los expedientes sean unificados en su jurisdicción.
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