Ese pedido de De la Sota buscaba destrabar el litigio interpuesto por la candidata de “Unión por Todos”, Patricia Bullrich, que le imputó violar disposiciones electorales y reclamó a la justicia que lo autorizara a seguir con sus propagandas ya que “aún no estaba oficializada” su postulación, por lo que no debía ser considerado candidato.
Sin embargo, para el fiscal Di Lello esas propagandas, más allá de la sutileza interpuesta por el gobernador de Córdoba “infringen normas electorales”, por lo que pidió que “se notifique a los partidos políticos reconocidos que deberán dar estricto cumplimiento a las mismas”.
Para el fiscal, si bien es cierto que la norma que controla las campañas electorales “se refiere a candidatos oficializados, hay una evidente instalación de candidatos que han de oficializar sus listas” y entre ellos se encuentra De la Sota.
Por otro lado, Di Lello recordó que en esta coyuntura electoral en particular “existe una alta litigiosidad en materia de la organización de las elecciones internas partidarias que desdibujan la certidumbre”, en especial en Partido Justicialista, donde “es pública la confrontación jurídica y política”.
La incertidumbre “ha tornado inciertos los plazos y modos de oficialización de candidaturas, razón por la cual la publicidad que se desarrolla rompe la igualdad, limpieza y transparencia que han fundamentado la sanción legal”.
Por eso le pidió a la juez Servini de Cubría que “ordene a las autoridades del COMFER que prohíba a los distintos medios sujetos a su contralor la emisión de publicidad, de cualquier candidato, cuyo objeto pueda ser considerado campaña electoral”.