El Gobierno Nacional creó el denominado “Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia”, con el objetivo de “mejorar los procedimientos administrativos y los procesos judiciales”.
“(…) resulta conveniente la coordinación de los distintos actores a través de la implementación de un programa que posea, como eje central, esta temática y provea lo necesario para que la República Argentina brinde respuestas satisfactorias a este desafío, fije adecuadamente los mecanismos para la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) y se inserte debidamente en los mecanismos de cooperación internacional que aborden esta temática”, indica la Resolución 111/2024, publicada en el Boletín Oficial.
El Programa funcionará bajo la órbita de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, y contará con un coordinador -Diego Carlos Guerendiain- y un Comité Consultivo, con especialistas sobre la temática que se desempeñarán de manera ad honorem.
La iniciativa, impulsada por el ministro Mariano Cúneo Libarona, tiene por objetivo central “promover las acciones necesarias en el uso de Inteligencia Artificial (IA), para mejorar las respuestas y los procedimientos administrativos y los procesos judiciales frente al desafío que plantea la alternativa de las herramientas digitales y la necesidad de brindar respuestas efectivas y con celeridad a la ciudadanía”.
“La Inteligencia Artificial (IA) contribuye a brindar una prestación pública transparente y su uso aumenta la eficiencia y la simplificación de los procesos, mejorando la calidad del servicio de justicia en favor de la ciudadanía”, concluye la resolución en sus fundamentos.
También se propone “propiciar la eficiencia en la implementación de la Inteligencia Artificial (IA), garantizando que su uso sea en observancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ejecutar las tareas necesarias para que la sociedad, por medio de la Inteligencia Artificial (IA), acceda de manera sencilla a los mecanismos de protección y tutela de sus derechos” e “instaurar herramientas con Inteligencia Artificial (IA), que contribuyan a la optimización de la labor de aquellos actores sociales que intervienen en los procedimientos administrativos y en los procesos judiciales”.
“La Inteligencia Artificial (IA) contribuye a brindar una prestación pública transparente y su uso aumenta la eficiencia y la simplificación de los procesos, mejorando la calidad del servicio de justicia en favor de la ciudadanía”, concluye la resolución en sus fundamentos.