Si bien existe una amplia conciencia de la precaria situación laboral de los meritorios, las condiciones en las que trabajan se vienen arrastrando hace años y nunca hubo una solución definitiva a su situación.
Para Humberto Quiroga Lavie, integrante del Consejo de la Magistratura en representación del ámbito académico, la situación de los meritorios es “totalmente irracional y al margen de la constitución y de las leyes”. “Están trabajando en negro y en condiciones de esclavismo” opinó Joaquín Da Rocha, consejero del Poder Ejecutivo. La Unión de Empleados de la Justicia Nacional coincide y dice que son “verdaderos esclavos modernos de la Justicia Argentina”.
Consultado sobre que hace falta para regularizar la situación de los meritorios, la respuesta de Da Rocha fue contundente: “una resolución del Consejo de la Magistratura”. Y en eso parece que están. Aunque hay que esperar los resultados.
Un censo con malos antecedentes
Con el objetivo de regularizar su situación, un censo buscará determinar cuantos meritorios hay en el Poder Judicial, quienes son y en qué fueros se desempeñan porque no hay registros de ningún tipo.
La decisión la tomó este martes la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura cuando trató una nota enviada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional a fines de junio. Además de realizar un censo, el gremio de los judiciales propuso el ingreso a la Justicia a través de concursos y otorgarles cobertura social y de riesgos de trabajo a todos los meritorios a partir de septiembre, entre otros proyectos a corto y mediano plazo. Para hacer el censo no es necesaria la aprobación del plenario del Consejo.
“El objetivos del censo es saber cuantos hay, en que fuero están, en que juzgados están, para poder tomar políticas acordes porque es insostenible la situación de los meritorios” le dijo a este medio la consejera Marcela Rodríguez.
Sin embargo, la experiencia de los censos no sirvieron para llegar a una solución. A través de la Resolución 9 de 1998 el Consejo aprobó “realizar un censo de las personas a las que se ha denominado “meritorios” que prestan colaboración con carácter ad honorem y voluntario en el Poder Judicial”. Hoy nadie sabe que datos arrojó ese censo, pero muchos calculan que en 1998 había entre 850 y 1.000 meritorios.
Actualmente tampoco se sabe oficialmente la cifra de trabajadores ad honoren. Hay quienes creen que hay entre 1.500 y 2.000 meritorios. “Estamos hablando quizás un poco más del 10% de la actual integración del Poder Judicial” señaló Da Rocha. Para el año 2006 la Corte Suprema fijó en 21.639 los cargos de la planta de personal.
Ideas en danza
En la misma reunión donde se aprobó realizar el censo el consejero y camarista civil Claudio Kiper propuso que cuando se produzca una vacante en un juzgado sea cubierta con un meritorio. “Hay que sacar una resolución que obligue a los jueces a ocupar las vacantes que se produzcan nombrando a los meritorios para ir solucionando el problema y después por lo menos admitir uno o dos meritorios por juzgado” le dijo Kiper a DiarioJudicia.com. La Comisión decidió dejar supeditada la propuesta a los resultados del censo y también tratarla en las reuniones de paritarias con el gremio.
Por su parte, la Unión de Empleados envió al Consejo una serie de propuestas. A corto plazo propone que: desde el 1 de septiembre los meritorios tengan cobertura de obra social gratuita y de riesgos de trabajo y antes del 1 de octubre elaborar un proyecto de reglamento de ingreso al Poder Judicial para que a partir de enero del año que viene sólo se pueda ingresar a la Justicia mediante concurso.
En una línea similar, Da Rocha piensa que “el ingreso al Poder Judicial sea por vía de concurso. Como entran los jueces, deben entrar los empleados y funcionarios. Primero por un concurso general y abierto y luego por concurso cerrado entre aquellos que estén en la misma categoría. Esto quiere decir la desaparición del meritorio. Y la promoción también tiene que ser por concurso de antecedentes y exámenes”.
Como es la situación de los meritorios
La tarea principal de los meritorios es la atención al público y los abogados en las mesas de entradas de los juzgados. “La realidad es que sin estos meritorios muchísimos juzgados no pueden trabajar” explica Humberto Quiroga Lavie. Con él coincidió Kiper. “Lamentablemente si no hubiera meritorios se vería resentido el trabajo de los juzgados. Muchos de ellos tienen empleados con licencias prolongados por enfermedad y no hay nadie que pueda atender la mesa de entradas”.
Las condiciones de trabajo hacen que no cualquiera pueda ser meritorio. “Debe tener condiciones económicas suficientes como para poder hacerlo: no tiene que estar casada, ni pagar un alquiler, ni soportar los gastos de su casa. Es una persona que está económicamente muy bien ubicada” afirmó Da Rocha.
Otra característica del meritorio es el “amiguismo” para ingresar al Poder Judicial. “Es una situación totalmente irracional que existan trabajadores judiciales de larga data que se incorporan por las relaciones o contactos que se tienen con el tribunal correspondiente” dice Quiroga Lavie.
En busca de encontrar un beneficio a ser meritorio, Kiper sostuvo que “hay que tener en cuenta que la institución del meritorio a veces ayuda a formar a quienes estudian derecho para que puedan tener un aprendizaje adicional”.
Una categoría laboral prohibida
La Unión de Empleados le recordó al Consejo que “ya a fines de los ´90 la Corte reconocía la existencia de 1.300 meritorios y el derecho de éstos a acceder a una plaza remunerada”. El máximo tribunal dispuso las acordadas 24/97, 34/98 y 13/99 “en las que se prevén la incorporación del personal denominado meritorios al presupuesto”.
Sin embargo, el gremio destacó que las partidas presupuestarias nunca fueron aprobados.
El presupuesto que la Corte elaboró y envió al Congreso esta semana para los gastos del 2006 contempla “la habilitación de cargos de nivel de ingreso para aquellas personas a las que se denomina personal meritorio”, establece el punto sexto de la Acordada 18/2005.