En Chubut, se alojaron en una cárcel durante un encuentro para debatir sobre una ley de ejecución penal y debatir cómo serían las condiciones de los detenidos del lugar. Se alojaron durante dos días en un penitenciario próximo a inaugurarse y calificaron al sistema penitenciario como "agotado y notoriamente fracasado".
Durante el encuentro para debatir una ley de ejecución penal, el diseño del Servicio Penitenciario y un Patronato de Liberados en la provincia de Chubut, Jueces, fiscales y funcionarios del área penitenciaria se alojaron dos días en una cárcel próxima a inaugurarse.
"La actividad se desarrolló en las instalaciones del establecimiento penitenciario que se va a inaugurar el 16 de mayo y también nos invitaron, a quienes lo deseáramos, a dormir en las celdas, lo que acepté gustoso ya que, salvando las distancias que significa habitar una cárcel, nunca había tenido una experiencia de ese tipo, en los más de 30 años que llevo recorriendo cárceles del país y la región", expresó a Diario Judicial Mario Juliano, juez en lo Criminal de Necochea e integrante de la Asociación Pensamiento Penal.
Sobre la experiencia, Juliano agregó: "Pudimos observar algunas cuestiones que pueden parecer insignificantes pero que afectan la vida cotidiana de un preso, por ejemplo: no hay lugar para poner la ropa y cualquier pertenencia".
En cuanto al sistema penitenciario vigente en la República Argentina, el magistrado sostuvo que "el sistema penitenciario vigente, con las escasas excepciones que sólo sirven para confirmar la regla, es un sistema agotado, notoriamente fracasado, que se paga en moneda de la dignidad de las personas privadas de la libertad, en elevadísimos costos que salen del erario público sin frutos tangibles y en frustración de la expectativa de la sociedad, que legítimamente aspira a que las personas que salen de una cárcel lo hagan en mejores condiciones que cuando ingresaron".
"En los términos precedentes el sistema penitenciario debe ser reformulado en forma radical, abandonando la óptica militarizada para gobernar a la población reclusa para pasar a una lógica pacificadora y de desarrollo de las individualidades, en el terreno social, educatiivo, laboral", amplió.
En diciembre de 2015, en la ciudad de Puerto Madryn, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal de la República Argentina, donde se cuestionó el sistema penitenciario actual vigente, del cual Juliano participó y puntualizó en que "la cárcel es un problema de toda la sociedad, si los ciudadanos y ciudadanas no comprendemos que necesitamos cárceles respetuosas de la dignidad humana (como lo quiere la Constitución desde 1853) va a ser dificultoso construir niveles aceptables de seguridad pública". Además, "como es lógico, existen diferentes niveles de responsabilidad: las personas que tenemos la potestad legal de enviar a otros semejantes a una prisión tenemos el deber ético y moral de conocer profundamente a que sitio los estamos enviando y la condena adicional que representa vivir en las condiciones que ofrece el sistema penitenciario".
Al ser consultado sobre el sistema penitenciario de Chubut puntualmente, el juez dijo "el sistema penitenciario provincial refleja lo que a grandes rasgos ocurre en el resto del país: condiciones de alojamiento que distan muchísimo de responder a la exigencia constitucional de las cárceles sanas y limpias". Asimismo, "el aspecto favorable es la baja densidad penitenciaria (poco más de 500 personas privadas de la libertad), lo que permite pensar en soluciones importantes y el aspecto negativo es el enorme número de personas que se encuentran alojadas en comisarías que, indudablemente, no son sitios aptos para purgar condenas".
Un punto que debe ser importante para las personas privadas de su libertad es la dignidad. Para ejemplificar cita como ejemplo el Centro de Rehabilitación "Punta de Rieles", en Uruguay. "Puede ser definido como una "cárcel pueblo", ya que el único derecho que se encuentra restringido es la libertad ambulatoria, trasponer un determinado perímetro, pero luego el establecimiento funciona como cualquier barrio populoso de una ciudad, con las personas deambulando libremente, sin custodia militarizada (salvo en el perímetro exterior), con gran oferta de trabajo, atención de la salud, cultura y educación y una vida como la que se podría tener en el exterior, donde las personas privadas de la libertad pueden comprar su mercadería en almacenes gestionados por los propios presos, concurrir a una confitería, ir a un restaurante, comprar comida en una rotisería, ir a la peluquería, tener teléfonos celulares y muchisimas cosas más", explicó el juez.
Tres datos elocuentes reflejan la bondad de un sistema de estas características: "1) en los cinco años de vida del establecimiento no se registran evasiones; 2) en el mismo período sólo existió un episodio grave de violencia (un homicidio) y 3) las personas que egresan de Punta de Rieles solo reinciden en un 3% de los casos".
"Datos empíricos que deben llevarnos a confrontarlos con nuestra realidad y reflexionar seriamente sobre la inconveniencia de insistir con modelo agotados", sentenció Juliano.