17 de Abril de 2024
Edición 6947 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 18/04/2024
De "condenar" narcos a una inminente condena por complicidad

Triste, solitario y final

Tras perder los fueros, el ex juez federal Raúl Reynoso fue detenido en Salta. Está acusado de liderar una presunta asociación ilícita dedicada a beneficiar a narcotraficantes. Su letrado anticipó que hoy pedirá su prisión domiciliaria. Diario Judicial te cuenta los detalles de la causa. El acto en que la ex Presidenta lo felicitó por su "ejemplo" y "lucha" antinarcos.

Por:
Rita Lucca
Por:
Rita Lucca

Al efectivizarse la renuncia, publicada en el Boletín Oficial del viernes último, el ex juez federal de San Ramón de la Nueva Orán, Raúl Juan Reynoso, fue detenido por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de Gendarmería Nacional.

La causa se inició meses atrás, cuando el juez federal de Salta Julio Bavio ordenó allanar el Juzgado Federal e indagar a Reynoso en la causa caratulada “Reynoso, Raúl Juan y otros s/ asociación ilícita, cohecho y prevaricato”.

El fiscal federal Eduardo Villalba y el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, solicitaron que se lo investigue “por haber construido un aparato de poder con la finalidad de obtener beneficios patrimoniales indebidos a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones judiciales favorables a los intereses de los imputados cuyas causas tramitan en dicho tribunal".

"Reynoso ordenaba cómo proceder, distribuía las funciones a los miembros de la organización criminal y suscribía las resoluciones judiciales ilícitas, a cambio de dádivas y/o dinero, mientras que los letrados, gestionaban e intermediaban en el dictado de las resoluciones y el cobro de los sobornos, utilizando como excusa el ejercicio de su actividad profesional", indicaron.

El Ministerio Público Fiscal se basó en el “cotejo de dos denuncias coincidentes contra Reynoso y otros imputados, una fue formulada por la ex pareja de un acusado por narcotráfico; la otra, por un abogado de Orán”. 

Días más tarde, Bavio dictó el procesamiento por encontrarlo “prima facie” responsable de los delitos de “jefe de asociación ilícita en concurso real con concusión (9 hechos), los que a su vez concurrían de manera ideal con prevaricato (6 hechos), todo ello con arreglo a lo previsto por los arts. 45, 54, 55, 210 segundo párrafo, 266 y 269 todos del Código Penal”.

“Los bienes y la libertad de las personas quedaron a merced del magistrado quien seleccionaba los asuntos en función de la magnitud económica que evidenciaban para, tras cartón, establecer el monto en dinero u otra dádiva que era requerida para emitir la resolución favorable”, aseveró el juez en su resolución.

Posteriormente, la Cámara Federal de Salta rechazó la recusación de Reynoso contra su colega Julio Bavio. “(…) Los argumentos y sucesos esbozados por el Raúl Juan Reynoso carecen de gravedad y de entidad objetiva para exteriorizar razonablemente la existencia de la parcialidad por enemistad manifiesta”, afirmaron los camaristas.

Reynoso fundó su planteo en una disputa originada en un partido de fútbol amateur, donde ambos jueces participaron. “Tanto usted -por Bavio- como el fiscal Eduardo Villalba y yo jugábamos en el mismo equipo. En realidad jugaban más ustedes, yo era un convidado de piedra, siempre en el banco de suplentes, salvo que faltaran jugadores", alegó Reynoso.

De este modo, Reynoso fundamentó que el fiscal lo quiso “sacar del equipo”, y mencionó que le expresó a “su colegio Bavio que tenía que ser más solidario, ya que acusaba una lesión que le impedía correr y desplazarse normalmente y que a pesar de ellos llevaba jugando casi todo el partido”.

En este marco, la Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento juez federal y de otros siete integrantes de la presunta organización de delictiva. La prisión preventiva no se hizo efectiva por la inmunidad de arresto que poseía Reynoso en su carácter de magistrado.

“(…) Varias premisas que dan sustento a la tesis a la que arribó el Instructor sobre la existencia de una asociación delictiva que desde la sede del Juzgado Federal de Orán y con la finalidad de obtener beneficios patrimoniales indebidos, exigía dádivas valiéndose de su posición funcional y aprovechándose, en muchos casos, de la situación en la que se encontraban las personas detenidas a su disposición a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones judiciales favorables".

A lo largo de 300 páginas el Tribunal entendió que "Reynoso organizó y lideró, desde el Juzgado Federal que tenía a cargo, una empresa criminal que tenía por objetivo la obtención ilegal de dinero o cualquier otra dádiva para dictar a cambio resoluciones favorables a las personas que se encontraban sometidas a investigación en su tribunal".

Y concluyó: "Se comprobó que Reynoso coordinó la actuación de dos empleados del citado juzgado y de cuatro abogados que intermediaban entre las personas detenidas o sus familias y el Juez, luego de que éstos últimos fueran puestos al tanto de las exigencias dinerarias para obtener beneficio procesal".

El pedido de detención

Frente a la compleja situación judicial, Reynoso presentó su renuncia ante el Poder Ejecutivo. La defensa del imputado sostuvo que “la presentación de la renuncia era una conducta demostrativa de la sujeción a la causa de su asistido”, y que la resolución de la Cámara Federal de Salta por la cual se confirmó la prisión preventiva “no se encontraba firme por haberse concedido un recurso de casación”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, al contestar el traslado conferido, consideraron que “no resulta procedente el pedido de eximición de detención formulado”.

En sus fundamentos, Bravio resaltó “la elevada penalidad en abstracto con la que los delitos antes referidos, que existían indicadores de riesgo en el sentido de que el imputado podía eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones, ocultando pruebas, o alterándolas o intimidado a los testigos”.

En torno a la gravedad del hecho y las condiciones personales del imputado, el juez insistió “en el inocultable impacto social que provocaba que un magistrado, funcionarios, empleados y abogados a quienes el Estado les ha confiado el trascendente cometido de administrar justicia o ser sus auxiliares y quienes deberían ser garantes de la legalidad para la protección de los ciudadanos en general y de los justiciables en particular en contra de la delincuencia organizada, aprovechen sus ganancias a cambio de propender a la impunidad”.

También recordó que la Cámara remarcó “el comprobado comportamiento hostil que el juez Reynoso tuvo para con los testigos de la causa”, ya que varios de ellos coincidieron en que “temían por sus vidas; que tenían inseguridad o bien que estaban preocupados por las represalias que sus testimonios pudieran implicar”.

Uno de los testigos de la causa señaló que “Reynoso les indicó al resto del personal de su Juzgado que debían comparecer a declarar en el Juzgado de Salta y relatar las condiciones en que se trabajaba en Orán”, recalcando que por el modo y las circunstancias “resultaba evidente que les ordenaba cómo debían manifestarse”.

Una zona "caliente" por el narcotráfico

El Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán tiene competencia en un amplio territorio del norte del país. Un altísimo porcentaje de las causas que allí se tramitan están vinculadas al tráfico ilegal de estupefacientes, contrabando de esa sustancia, de divisas, trata de personas y demás ilícitos de competencia federal. Esto evidencia la crítica situación de la zona donde se registran hechos graves de narcotráfico.

Reynoso fue designado por decreto presidencial en 2002, pero recién asumió en diciembre de 2004. Según su biografía, es autor de varios libros, literarios y jurídicos.

Durante su labor al frente del Juzgado, Reynoso encabezó múltiples reuniones y encuentros en los que participaron los Juzgados y Cámaras de la frontera norte del país, donde el objetivo principal  fue la problemática del narcotráfico y el contrabando.

En un acto oficial, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner resaltó su trabajo. “Tenemos jueces como Reynoso, cuyo juzgado es clave en el norte argentino en la lucha contra el narcotráfico y solamente tiene 22 empleados. En lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, quienes tienen la máxima responsabilidad en el Poder Judicial deberían dotar de mayor cantidad de empleados, recursos y elementos para que puedan hacerlo eficazmente”.

A pesar de las graves acusaciones, Reynoso siguió al frente del Juzgado hasta que el Consejo de la Magistratura aprobó la suspensión y apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.

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