28 de Marzo de 2024
Edición 6936 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 03/04/2024
Medidas contra la corrupción

Los intocables

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación mostró su negativa a que se hagan públicas las declaraciones juradas de los miembros de la Justicia. Por medio de un comunicado, la entidad consideró "inadmisible" que su información patrimonial dependa de un órgano distinto al que integran.

Por:
Matías Werner. Editor de Diario Judicial
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Matías Werner. Editor de Diario Judicial

En el medio del debate del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y con el antecedente inmediato del ida y vuelta entre la diputada Elisa Carrió y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti en el marco de un pedido de la legisladora de su declaración jurada junto a la de los restantes supremos, la Asociación de Magistrados no se quedo cruzada de mangas e hizo pública su opinión sobre el tema.

A través de un comunicado que lleva la firma del presidente de la entidad, el camarista Civil y Comercial Federal Ricardo Recondo, del vice, el juez Laboral Alejandro Sudera y de su secretario General, el magistrado Civil Marcelo Gallo Tagle, la entidad que nuclea a magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional opuso resistencia a que cualquiera pueda acceder al contenido de sus declaraciones juradas.

“Independientemente de las pretensiones y expectativas que desde algunos sectores de la política puedan proyectarse en punto a lo que se estime ‘ideal’ en materia de publicidad, resulta imprescindible que determinados datos o aspectos que posean entidad suficiente para comprometer la seguridad personal de quienes integramos este poder del Estado y nuestras familias, se encuentren garantizados con un régimen que exija la acreditación de un interés real y jurídicamente valioso para acceder a dicha información”, advierte el texto de la asociación.

En esa línea, desde la entidad se recordó que jueces y fiscales “tienen a su cargo de modo permanente la intervención y decisión en controversias que involucran tanto intereses particulares como colectivos, incluso en varias oportunidades también ligados a otros de naturaleza política”.

Sobre esos basamentos, la AMFJN considera inadmisible la posibilidad de que “so pretexto de publicidad y transparencia” se generen mecanismos que permitan que la información patrimonial, principalmente en lo que atañe “a su guarda y publicidad”, dependa de”un órgano o Departamento del Gobierno Federal” distinto del que forman parte.

Desde la entidad se concluye también que, sin perjuicio de las “opiniones y exigencias que agentes externos a esta jurisdicción pudieren proferir a partir del ejercicio de sus roles” en el entendimiento de que ello “contribuye a la mejora de la calidad institucional”, es necesario que cualquier reforma que se busque impulsar sobre el tema “compatibilice las expectativas de la generalidad con las especiales características, responsabilidades y exposición personal que resulta inmanente a la delicada tarea que nos compete por imperativo constitucional”.

Los antecedentes

El comunicado se hace público en el medio del debate por la Ley de Acceso a la Información pública, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. En ese marco, los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez (Coalición Cívica) solicitaron al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y al del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, las declaraciones juradas de los ministros del Máximo Tribunal, como así también la de los magistrados integrantes de la Justicia Federal.

Carrió y Sáncehz también pidieron la información del Secretario General de Administración de la Corte, Daniel Marchi - denunciado por Carrió en enero, junto a Lorenzetti, por enriquecimiento ilícito-. Por su parte, a Piedecasas le pidieron información sobre el estado de ejecución de obras del Poder Judicial en los últimos diez años y sobre qué empresas fueron contratadas para realizarlas.

Dias después se dio a conocer una doble contestación. Primera, Lorenzetti hizo público un comunicado respondiendo -sin nombrarla- a las acusaciones de Carrió debido a la necesidad de defender “la independencia del Poder Judicial y de sus magistrados”.

En ese texto Lorenzetti dio cuenta de que en este ultimo tiempo los jueces fueron “investigados, denunciados, presionados reiteradamente”, y pese a todo siempre han “resistido en silencio para cumplir nuestra función y proteger a la población”.

El titular del Máximo Tribunal de Justicia además dio explicaciones sobre la Administración de fondos de la Corte Suprema y del Poder Judicial, desligando responsabilidad en el Consejo de la Magistratura en lo que hace a las licitaciones del comité de inversión del órgano y haciendo hincapié en que las denuncias en su contra han sido todas desestimadas - incluida la de la diputada, quien además “no objetó” el cierre de esa investigación-.

La otra respuesta fue dada por el propio Lorenzetti y sus colegas de la Corte, los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, en el marco del pedido de información realizado en conjunto con Fernando Sánchez. 

Los supremos accedieron al pedido, no sin antes aclarar que para acceder a sus declaraciones juradas existe un procedimiento sencillo a través de la web de la Corte. 

Además, en la misma resolución se puso en conocimiento “de todos los magistrados federales el contenido de la presentación fin de que tomen intervención, manifiesten su opinión y, eventualmente, su conformidad para la entrega remisión de sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales integrales los aquí presentantes”, con la salvedad de los jueces Claudio Bonadío y Luis Rodríguez, quienes se encuentran investigando a Carrió en causas vinculadas a la filtración de información sensible.

Poco después de estos hechos, la Asociación de Magistrados da a conocer su opinión -negativa- respecto del acceso a su información patrimonial.


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