El Máximo Tribunal intervino ante la crisis de la Justicia del Trabajo. A través de una acordada en la que reconoce como “de extrema gravedad institucional” la situación, creó 98 cargos de personal en los Juzgados y le pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación una auditoría sobre la gestión de esos Tribunales. También exigió la mejora de las condiciones edilicias.
En su discurso de asunción el pasado 30 de mayo, Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, señaló que los dos objetivos de su gestión serían la nueva Ley de Honorarios y la procura de una solución para la crisis del fuero Laboral.
Uno de los asistentes en la ceremonia fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y al parecer desde el Máximo Tribunal se recogió el guante ante las recurrentes quejas de los abogados del foro. Por ello, en el acuerdo de este martes, dictó una Acordada por la que suprime y crea 98 cargos de personal en los Juzgados de Primera Instancia de la Justicia Nacional del Trabajo y pide al Consejo de la Magistratura que audite la gestión de los mismos.
La Acordada es la 18/2016, que lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, y hace hincapié en que “es evidente que se ha configurado una crítica situación que impacta directamente sobre derechos de naturaleza alimentaria de quienes allí litigan, cuya trascendencia social es notoria”.
La Corte refleja así el pedido efectuado tanto desde la Cámara del Trabajo como desde el Colegio de Abogados. Desde la Justicia Laboral se oyeron quejas relativas a la falta de cobertura de cargos de magistrados por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, lo que según el Cuerpo “afecta gravemente la prestación del servicio”.
Desde el CPACF, por otra parte, desde hace tiempo se hizo referencia “a la grave situación de dicho fuero que perjudica claramente la actuación por parte de los abogados”. Incluso desde la agrupación Encuentro de Abogados Independientes, de la oposición al actual gobierno del Colegio, se presentó un amparo colectivo por la crisis del fuero.
La Corte reconoció los problemas, y recordó que a principios de marzo de este año requirió al Consejo que arbitrara “las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para superar la grave situación existente”.
“La falta de soluciones concretas ha llevado a una situación excepcional de extrema gravedad institucional que requiere medidas urgentes destinadas a garantizar el servicio de justicia”, sostiene la acordada.
Para la Corte, con ese escenario se torna necesario que el Consejo audite el funcionamiento de los Juzgados del Fuero, para que le informen sobre las estadísticas disponibles acerca de la cantidad de causas y su tramitación, cantidad de sentencias dictadas en los dos últimos años. “Todo ello a los fines de adoptar las medidas conducentes para brindar la más completa respuesta a las necesidades de los justiciables”, señalaron los supremos.
El Máximo Tribunal, en uso de sus atribuciones, también dispuso la creación de 98 cargos, los que se completarán mediante concursos “realizados en forma rápida y expeditiva, teniendo en cuenta la idoneidad y contracción al trabajo de los aspirantes”. Para afrontar los gastos que ello conlleva, la Corte autorizó a la Dirección General de Administración Financiera a imputar el gasto resultante con cargo a la cuenta pertinente para el corriente ejercicio financiero
Pero no sólo será de personal de los Juzgados el llamado a ocupar vacantes, la Corte también exige en la Acordada que el Consejo cubra las vacantes de magistrados, considera además imprescindible “que se mejoren y adecúen las condiciones edilicias y de infraestructura”.
“Es imprescindible que las funciones de Selección y Administración que corresponden al Consejo de la Magistratura sean ejercitadas con la máxima celeridad y con el objetivo de satisfacer las demandas de los ciudadanos”, concluyeron los supremos.