Doce organizaciones de la sociedad civil se reunieron con miembros del Consejo de la Magistratura para solicitarles que lleve a cabo una auditoría integral de las causas de corrupción en la que estén involucrados penalmente los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Los consejeros se comprometieron a tratar el tema en el próximo Plenario.
Organizaciones y entidades de la sociedad civil solicitaron nuevamente al Consejo de la Magistratura de la Nación que se audite a los Juzgados y Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en aquellas causas que tramiten acciones por corrupción contra la administración pública nacional.
Meses atrás el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires requirió una auditoría con el objeto de obtener un “informe institucional, acabado y completo, de parte de este órgano constitucional que permite conocer a la sociedad civil las circunstancias por las cuales, en promedio, los procesos en los cuales se ventilan causas de corrupción contra la administración pública demoran más de 10 años en tramitar y muchos de los cuales terminan en prescripciones".
Ante dicho reclamo, el Plenario dictó la Resolución Nº 168, por medio de la cual requirió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, "una lista de causas en trámite por delitos previstos en el título XI, Libro segundo y art. 174 inc. 5° del Código Penal de la Nación, indicando fecha de inicio, a fin de ser considerada en el Plan de Auditorías".
En una nueva presentación, las organizaciones de la sociedad civil insistieron en la “pronta implementación de la auditoria integral; detallaron en forma pormenorizada los criterios, alcances y contenidos del informe sobre la justicia federal penal que estiman como más adecuados para llevar a cabo la auditoría; y destacaron la imperiosa necesidad de una respuesta detallada con un inventario de las causas de corrupción en trámite, paralizadas o archivadas”.
Además exhortaron a que “se lleve a cabo la tarea de modo de contar con un diagnóstico para construir una nueva etapa que supere el pasado” al entender que “la corrupción es la matriz que engendra la pobreza, la inseguridad y la impunidad, aumentando el resentimiento y alejando la paz social a la que todos aspiramos”.
“La sociedad tiene derecho a ser informada y necesita señales de credibilidad en el Poder Judicial. Esta auditoría busca, justamente, conocer el estado de situación de las causas de corrupción. La investigación de causas tan sensibles por parte del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación debería ser un objetivo primordial para la Justicia argentina”, indicó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires a través de un comunicado oficial.
Las entidades firmantes concluyeron que “la prestación de un servicio de Justicia eficaz e independiente es vital en una República (…) si no se persigue la corrupción y si no se acaba con la impunidad de la que se favorecen intereses privados y públicos, que corroe las instituciones, no tendremos futuro como Nación”. En consecuencia, el próximo 30 de junio el Plenario debatirá sobre “los alcances definitivos de la auditoria” para seguir avanzando en el tema.