El 43% de los lectores de Dju consideró que nunca se pondrán en marcha las reformas penales que impulsa el Ministerio de Justicia, mientras un 30% afirmó que se concretarán en el largo plazo. El balance de las iniciativas que prosperaron y las que deberán esperar hasta 2017.
Ante la pregunta: “¿Cuándo cree que se pondrán en marcha todas las reformas del sistema penal que quiere implementar el Ministerio de Justicia?”, el 43 por ciento de los lectores respondieron “nunca”, mientras un 30 por ciento afirmó que se concretarán "en el largo plazo” y un 23 por ciento a "mediano plazo".
Los datos surgen de una encuesta realizada por Diario Judicial, en la que se determinó que sólo el 3 por ciento cree que los cambios impulsados por el ministro de Justicia, Germán Garavano, se pondrán en marcha “en el corto plazo”.
Los cierto es que en el primer año de gestión, la cartera de Justicia promovió diversos proyectos enmarcados en el programa “Justicia 2020”, a los fines de “promover la investigación del narcotráfico y del crimen organizado a través de nuevas herramientas procesales y el diseño de una política criminal eficaz y procesos penales efectivos, rápidos y transparentes”.
No obstante, las iniciativas encontraron diversos obstáculos y dificultades a la hora de su inmediata implementación, tales como la falta de espacios para instalar las salas de audiencias, el traslado de archivos, la necesidad de insumos tecnológicos, sumado a la gran cantidad de juzgados vacantes.
Así sucede por ejemplo en el caso del procedimiento de Flagrancia, que prevé la realización de una audiencia oral dentro de un plazo de 24 horas en el caso de las personas detenidas en el momento en que cometen un delito. Dicha normativa fue aprobada en septiembre, pero el Poder Ejecutivo postergó durante varias semanas su promulgación.
Frente a la instrumentación, el Consejo de la Magistratura de la Nación adquirió cámaras y micrófonos para la adecuación de las salas de audiencias, y en relación con la necesidad de espacios para las alcaidías y archivos, dispuso un relevamiento de los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción, correccionales y de menores de la Capital.
Desde el Gobierno nacional se mostraron optimistas ante los resultados, ya que luego de su entrada en vigencia, se dio trámite a varias causas por hurto, tentativa de robo y violencia de género.
Por su parte, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación postergó el inicio de la ley de Unificación de Fueros y Juicio Unipersonal, en respuesta a un reclamo de la Cámara del Crimen. La implementación será a partir del 1 de marzo de 2017.
A través de una nota, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Rodolfo Pociello Argerich, informó a los legisladores sobre las “dificultades” que provocaría la inmediata implementación, en particular respecto de los juzgados nacionales con competencia en lo correccional.
Por otro lado, se puso en marcha la Ley del Arrepentido que amplía la figura prevista en el Código Penal a los casos de corrupción, los delitos contra el Código Aduanero y asociación ilícita. Sumado a ello, el Congreso buscará dar sanción definitiva al régimen de Dominio y Repatriación de Bienes adquiridos con fondos de origen ilícito, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, algunas iniciativas quedaron en el tintero y no verán luz verde hasta el próximo año, como la nueva ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, el Juicio en Ausencia, la reforma Código Procesal Penal de la Nación, la implementación de Juicio por Jurados Federal y la Transferencia del Fuero Penal Nacional a Ciudad Autónoma de Buenos Aires.