Una medida cautelar suspendió la vigencia de la resolución que obliga a las ART a informar los datos de los abogados que planteen la inconstitucionalidad de la última reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo. Fue tras una presentación de un grupo de abogados laboralistas. El CPACF lo había calificado de “peligroso”.
Sólo dos días tuvo de vigente la Resolución 760/2017 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que crea el Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo (SIREL) que obliga a las ART a informar al Ministerio de Trabajo sobre los juicios iniciados donde se plantee la inconstitucionalidad del artículoado de la Ley 27.348 que reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo.
La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio interpuso ante la Justicia Nacional del Trabajo una medida cautelar autónoma para que se suspenda la implementación de la resolución, la que fue concedida por la jueza Laura Castagnin, titular del Juzgado del Trabajo n° 4.
La magistrada atendió los argumentos de la agrupación accionante, que alertó que el avance en la confección del registro previsto “implicaría consolidar el daño que la medida cautelar solicitada busca evitar”. Lo que daba lugar al dictado de la precautoria por darse “el supuesto de la existencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables”.
La medida, dictada en autos “Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/ Medidas Cautelares” estará firme hasta el momento de la presentación del informe previsto por la la ley 26.854. de Medidas Cautelares contra el Estado.
En miras de contar con "una herramienta informática que permita tomar conocimiento y analizar las presentaciones efectuadas” en el ámbito de la Justicia del Trabajo, se creó esta base de datos que busca recopilar los datos salientes de cada expediente, como el tipo de acción, la fecha de inicio de la demanda, el monto de la demanda y el planeo de inconstitucionalidades. Pero el punto que mayor controversia trajo giró en torno alrequerimiento de remisión de los datos “que puedan contener la individualización personal de los accionantes y sus letrados”.
La iniciativa fue duramente cuestionada por los letrados. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) publicó un comunicado, suscripto por su presidente, Jorge Rizzo, calificó de “peligroso” el registro, denunciando que transforma al Estado en un “ente vigilante” que “no sólo amenaza la libertad de trabajar de los colegas sino también la de los trabajadores que acuden ante la Justicia en amparo de sus derechos y de los mismos magistrados al dictar sus sentencias conforme a Derecho”.
Este lunes, además. representantes del Sindicato de Abogados de la Provincia de Buenos Aires presentó una demanda en busca de suspender el registro ante los tribunales de La Plata.