La Legislatura porteña convirtió en Ley el proyecto que exime a los inquilinos de pagarle comisiones a las inmobiliarias. Ahora serán los propietarios quienes se hagan cargo de los gastos. Los locatarios celebraron la medida, mientras que crecen las críticas de inmobiliarias, que la tachan de inconstitucional. La opinión de especialistas a Diario Judicial.
Por la tarde del último jueves la Legislatura Porteña aprobó, con 51 votos a favor y 2 abstenciones, el proyecto de ley girado por el Poder Ejecutivo, y que contempla una modificación a la Ley 2340 de Corretaje Inmobiliario, y que se dio a conocer como “Ley de Alquileres”.
Las claves
La modificación, con la que se pretende e disminuir la carga monetaria que tienen que afrontar los inquilinos al inicio del vínculo locativo, exime a estos de pagarle la comisión, honorario o gastos por gestoría - que tiene como tope el %4.15 del valor del contrato- al agente inmobiliario por la celebración del contrato de alquiler, quedando sólo en cabeza del propietario.
La norma también establece prohibiciones, con el objeto de impedir que las inmobiliarias cobren el dinero pero utilizando otros “rubros”. Tal es así que la norma expresamente prohíbe, en las locaciones de inmuebles con destino habitacional en los que el locatario sea una persona física, “requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación”. Esa prohibición “resulta extensiva a los honorarios por administración de dichas locaciones”.
Además, en las ofertas y anuncios publicitarios que ofrezcan propiedades en alquiler deberá constar la leyenda: “Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios será el equivalente al cuatro con quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato. Se encuentra prohibido cobrar comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes a los inquilinos, en el caso de ser personas físicas.”
Distintas voces
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) celebró la aprobación del poyecto pero también puso reparos, al considerar la modificación de la Ley de Corretaje “una medida acertada pero insuficiente”.
La ONG consideró que era necesario darle tratamiento también a distintas propuestas que presentó, con el acompañamiento de La Boca Resiste y Propone, La Asociación Civil Inquilinos Agrupados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nació, tales como la creación der un sistema público de garantías, que la certificación de firmas sea gratuita, la creación de oficinas públicas de asesoramiento y la adopción de “medidas para evitar prácticas discriminatorias.
"Además, el proyecto creaba una mesa de trabajo para la formulación de políticas públicas que promovieran la oferta de inmuebles en alquiler para sectores medios y bajos y establecía mecanismos más eficientes que fiscalicen el cumplimiento de las leyes que regulan este mercado", agregó ACIJ desde su web.
La iniciativa, aprobada casi por unanimidad, también generó cuestionamiento, tanto desde el sector inmobiliario – el principal afectado por la medida – como por especialistas, que entiende que bajo el pretexto de un fin correcto se utilizan mecanismos de dudosa constitucionalidad.
Consultado acerca de cómo impactó la medida en el sector, Eduardo Awad, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y especialista en consorcios respondió que se tomó “como una aberración legislativa”.
“Esto es totalmente inconstitucional, no dudo de la intención de legislador de ayudar a los supuestamente más débiles en la contratación, pero este no es el camino, erraron”, aseguró Awad.
En diálogo con este medio, el especialista remarcó que el proyecto aprobado es inconstitucional ya que se esta legislando “sobre un tema que se encuentra legislado por el Código Civil y Comercial”. Awad hizo referencia al artículo 1351 del Código, que indica que en los contratos de corretaje , si sólo interviene un corredor, “todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario o protesta de una de las partes”.
“Una ley local no puede modificar una ley de rango superior, lo sabe hasta un chico de primer grado”, cuestionó el ex titular del CPACF, para quien el proyecto aprobado “Esa electoralista, oportunista y demagógico”.
Para Awad, en caso de entrar en vigencia la modificación, lo que ocurrirá es que el locador le agregue el precio de la comisión a la cuota del alquiler, que.”va a ser casi el doble”. Lo que solucionará el problema del acceso a la vivienda es que el Estado asuma su rol “le otorgue líneas de crédito a los que realmente lo necesitan”.