Patria grande judicial

El pasado miércoles se llevó adelante el seminario Seminario Internacional “Gobierno Judicial en América Latina”, con presencia de especialistas en reformas de los sistemas de justicia de cinco países integrantes de la Organización de Estados Americanos.

En la jornada, impulsada por la Corte Suprema de Justicia de Chile y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con el auspicio de la Fundación para el Debido Proceso (DPFL) y el financiamiento de Global Affairs Canada (GAC), se realizó en el Palacio de Justicia de Santiago, sede del Máximo Tribunal trasandino, se presentó el trabajo “Gobierno Judicial. Independencia y fortalecimiento del Poder Judicial en América Latina”, dirigido por los argentinos Alberto Binder (director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penalesy Sociales) y Leonel González (Director Área de Capacitación del CEJA).

Los autores del trabajo le informaron a Diario Judicial que, para efectuar el mismo, se tomaron en cuenta las realidades de países como Colombia, Argentina, Panamá, Chile y Guatemala, todos ellos con diferentes grados de avance respecto de la independencia y el fortalecimiento del Poder Judicial.

El estudio se encargó de remarcar las diferencias en los actores principales del gobierno judicial. Por ejemplo, en los roles que ocupa el Consejo dde la Magistratura, que existe en Colombia, Argentina y Panamá, pero con distintos perfiles y funciones, mientras que Chile y Guatemala carecen de ese organismo.

En la obra se realizan análisis comparativos sobre temas como Gestión del gobierno. Conducción política y estratégica, Control de la administración. Políticas generales de gestión; Dimensión presupuestaria. Diseño, ejecución y control y Disciplina, ética y capacitación de los jueces. Reglas y procesos.

Jaime Arellano, Director Ejecutivo de CEJA, dio inició a la jornada, destacando que los estudios son el punto de partida para que jueces, juezas, académicos y ciudadanos puedan poner foco en la importancia que representa “un Poder Judicial fuerte, transparente y eficiente para los países de América Latina”. Tras ello, se dio la disertación de Alberto Binder, sobre el marco “conceptual y político” sobre la comprensión del gobierno judicial. Luego se realizó una mesa redonda.

En la segunda parte de la jornada se realizó una mesa redonda en la que el tópico giró en torno a la realidad de esos cinco países y la experiencia regional de gobierno judicial. Allí participaron Juan Enrique Vargas, de la Universidad Diego Portales (UDP), Chile; Ana María Ramos, de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Colombia;Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Guatemala;Alberto Poletti, del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), Paraguay; y Javier Mokritzky del INECIP. El seminario concluyó con las Leonel González, Director de Capacitación de CEJA, quien propuso directrices para renovar el debate sobre el tema.

La palabra de los disertantes 

En dialogo con Diario Judicial  Leandro González  Se mostró satisfecho con el encuentro, y opinó que sirvió para poner en común la situación institucional de los Poderes Judiciales en al menos cinco países. Y confirmar que existen problemas comunes. Y en el caso de Argentina evidenciar que hay una necesidad importante de poner este tema en debate.

Consultado acerca de cuáles son esos problemas comunes, González manifestó que, “Primero, que las Cortes Supremas confunden las funciones jurisdiccionales, administrativas y de gobierno. Y en general esto implica que ocupen mayormente su tiempo en decisiones administrativas en desmedro de la jurisdicción que debiese ser su única tarea”. Además, que no se advierte que las Cortes “desarrollen políticas de gobierno que protejan la independencia de los jueces y las juezas, con lo cual los y las vuelve vulnerables frente a presiones externas o internas”

En cuanto a acciones concretas para incorporar en los procesos de reforma del Poder Judicial, el miembro de CEJA Apunto: “en las jornadas y publicación presentamos un conjunto de líneas directrices: independizar la función de gobierno en un órgano específico e interno en el Poder Judicial, en donde por ejemplo la elección de su presidente se pueda realizar de forma democrática al interior de la institución; en lo administrativo diferenciar las políticas generales de gestión y las politicas diarias de administración; en lo disciplinario se podría constituir un órgano de composición mixta y objetivizar las causales de inicio de procesos disciplinarios que hoy en día son muy abstractas”.

A su vez, Javier Mokritzky, del INECIP, manifestó que El informe “se hizo teniendo en cuenta la importancia de un organismo que ejerza las funciones de gobierno dentro de la justicia siempre para proteger la independencia judicial y garantizar la imparcialidad de los jueces. Tanto de influencias externas como internas”.

Consultado sobre los problemas en común que pueden tener en estos países de acuerdo con la investigación, respondió al igual que González que “ se confunden funciones de gobierno con funciones de administración, gestión, de recursos, presupuestarias”.

“Como conclusión, habría que trabajar bajo el entendimiento de que el sistema de justicia tiene que dedicarse a la gestión de intereses (los que llevan las partes), pero que cada juez, al momento de decidir, no gestione ningún interés (sea realmente imparcial). Y para eso se necesita una estructura que lo respalde” sintetizó 

El trabajo 

En la obra, a la que accedió este medio, destaca que el funcionamiento de la justicia se coló en la agenda pública a inicio de los años ‘90, pero “dadas las coyunturas específicas de cada uno de los países y del continente como un todo, no ha logrado consolidarse como piedra maestra de la democratización”.

En ese sentido, el trabajo señala que la debilidad del Poder Judicial “ha sido –y lamentablemente continúa siendo– uno de los grandes problemas del sistema político latinoamericano. Si esta necesidad fue percibida como un problema político, ha sido porque se pensó que las repúblicas democráticas de nuestra región necesitaban, de algún modo, un nuevo funcionamiento del Poder Judicial, y por un conjunto de razones, la configuración del sistema judicial con el que la gran mayoría de países ingresaban a esta etapa no era idónea para lograr esos propósitos”.

En el libro se sintetiza que el problema del gobierno judicial, como expresión o mecanismo de independencia, “se encuentra enmarcado por grandes expectativas sociales y políticas –suficientemente normativizadas en el bloque de constitucionalidad, que suma permanentemente tareas enormes sobre el Poder Judicial, que importan la superación de procesos sociales concretos, tales como la desigualdad, los privilegios, caudillismos, ilegalidades, etc.–“.

Además, esas tareas “deben ser encaradas por un conjunto de personas que pertenecen a organizaciones que conservan elementos estructurales de debilidad, provenientes de las matrices históricas, y que ni siquiera han sido pensadas para fortalecer a los jueces en tareas más sencillas, menos aún en las grandes empresas constitucionales que hoy deben encarar”.

En la obra se realizaron análisis comparativos sobre temas como Gestión del gobierno. Conducción política y estratégica, Control de la administración. Políticas generales de gestión; Dimensión presupuestaria. Diseño, ejecución y control y Disciplina, ética y capacitación de los jueces. Reglas y procesos.