Las elecciones del 9 y 26 de septiembre decidirán quién será el abogado que durante los próximos cuatro años represente a los letrados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por un lado, y a los abogados del resto del país, por el otro, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Los candidatos electos – cada lista tiene un candidato a Consejero Titular y uno a Consejero Suplente – reemplazarán a los consejeros Alejandro Fargosi (por Capital) y Daniel Ostropolsky, (Interior) quienes terminan su mandato y, tal como establece la ley, no pueden ser reelectos en periodos continuados, sino que debe existir un intervalo entre mandato y mandato.
Ello tiene su fundamento en lo dispuesto, principalmente en el artículo 114 de la Constitución Nacional, luego en el artículo 2° de la Ley 24.937, que reglamenta al texto constitucional, y más específicamente en la Resolución 317/2006 del Consejo de la Magistratura, que otorga precisión al desarrollo de los comicios en el estamento.
¿Quiénes votan?
La misma resolución indica que “los abogados de la matrícula federal en ejercicio forman parte del cuerpo electoral convocado para elegir a los abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados de la matrícula federal”.
En el caso del CPACF, los únicos letrados habilitados para votar son los que se encuentran matriculados en el colegio y que tienen domicilio electoral en la Capital Federal. Lo mismo ocurre con la otra elección, que será para el caso de abogados con matrícula federal, inscriptos hasta el día 22 de mayo y con domicilio electoral en el interior.
Los candidatos para Capital
La actual conducción del Colegio de Abogados porteños, Gente de Derecho, tiene como candidatos a Adriana Donato, que se hizo públicamente conocida por su participación, representando al CPACF, en el Jury de Enjuiciamiento al fiscal José María Campagnoli, aunque también se desempeña como presidente de la Sala III del Tribunal de Disciplina del organismo. En la lista lo acompaña el ex Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y 2014, Germán Garavano.
Con una plataforma que hace hincapié en la gestión “para y por los abogados”, con medidas tales como autorizar al escaneo de expedientes, incorporar atención telefónica y por internet en los Juzgados, Adriana Donato también manifestó a Diario Judicial que la lista que encabeza buscará darle “mayor independencia a los jueces” y que no le importará que las votaciones “terminen 12 a 1”. Resaltó su deseo de que el organismo “no se politice” y que el voto del estamento de abogados, en la actual composición del Consejo “es fundamental para su funcionamiento”
También serán parte de esta elección la lista “Cambio Pluralista”, que lleva como candidatos a Alejandra García y Víctor Zamenfeld. García se desempeña en la actualidad como Consejera de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires en representación del estamento de los abogados, y allí preside la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público. Su compañero de fórmula es un reconocido especialista en Derecho Comercial, que incluso fue designado conjuez de la Cámara del fuero desde 2004 hasta 2007.
Zamenfeld, en diálogo con Diario Judicial, destacó que “Cambio Pluralista” viene a mantener “una línea de defensa de la justicia” y se propone “sacar de su estado de paralización al Consejo”. El letrado, que a mediados de la década del ’90 fue miembro suplente del Tribunal de Disciplina del CPACF, subrayó en ese aspecto que en la actualidad “hay 240 Juzgados que no tienen juez”.
Otra cuestión en la que se pronunció con particular énfasis fue sobre el control de los fondos del Consejo, que si bien reconoció que el propio Cuerpo administra sus fondos, encontró necesario “la realización de una auditoría externa”, que se había ordenado en el año 2005 pero que nunca se pudo efectuar.”
“Bloque Constitucional” es otra de las listas que competirán el martes próximo y está encabezada por Ricardo Mihura Estrada y Victoria Villarruel. El primero es un letrado que desarrolla su profesión de manera independiente en el ámbito del Derecho Empresarial y Tributario. Su compañera de fórmula fundó el CELTYV (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas) una ONG dedicada al asesoramiento de las víctimas civiles de la guerrilla en Argentina en los años ’70.
El candidato a Consejero Titular por Bloque Constitucional, al ser contactado por Diariojudicial,com, centró su plan de acción en ser “estrictos en la designación de conjueces”. Esto viene a colación, según, Mihura Estrada, debido a que el Poder Ejecutivo nombra por decreto a los conjueces para poder cubrir vacantes.
Sobre ese punto, también sostuvo que el Consejo debe recuperar la administración de recursos y personal, en manos de la Corte Suprema, pero que deber pertenecer al Consejo, que además tiene que tener “competencia reglamentaria sobre el servicio de justicia”. “Tenemos un promedio de sentencias por juicio de cuatro años, eso no puede ser así y el Consejo no puede mirar para otro lado en este tema”, reconoció Mihura Estrada, que buscará aportarle al organismo de selección de jueces “un mejor servicio de justicia, que no sea manejado únicamente por la Corte”.
Agustín Pesce, abogado especialista en Derecho Administrativo, junto con Eduardo Borda, Delegado de la Asamblea del Colegio de Abogados forman la lista de “Abogados de Pie”, Pesce, quien define a la agrupación como de “jóvenes abogados independientes”, afirmó a este diario que esta elección es clave para evitar “el avance de los partidos políticos”, y que su partido se propone “defender el cupo de abogados”.
“Queremos un estamento que represente a los abogados, que sea una valla de contención institucional de los partidos políticos”, aseguró Pesce, quien además abogó por una mejor en el servicio de justicia. “Tenemos un promedio de sentencias de 4 años, esto tiene que dejar de ser así, para los justiciables y también para los abogados”, sostuvo.
Abogados del interior
Cinco listas son las que van a competir el 26 de septiembre. “Abogacía Federal Independiente”, “Abogados por una Justicia Independiente”, “Equidad con M.A.YO. (Más abogacía y oxigenación)”, “Proyecto Republicano Federal” y “somos Abogados”.
Abogacía Federal Independiente lleva como candidato a Carlos Andreucci, fue presidente del Colegio de Abogados de La Plata y de allí pasó a presidir a la Federación Argentina de Colegios de Abogados hasta el año 2011. Su compañero Luis María Campos es el presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos
Adreucci dialogó con Diario Judicial sobre su candidatura y advirtió sobre la necesidad de tener “una estructura federal de abogacía” para “tener un seguimiento integral de la justicia federal”. El letrado busca que “la ratificación de que el estamento de la abogacía funcione sin ningún condicionante”.
El candidato por “Abogacía Federal Independiente” señaló los problemas que observa en la Justicia de todo el país, como la falta de jueces y el exceso de subrogancias, “hay un juez en Mendoza que atiende dos juzgados y el federal de San Luis, tiene sus vacaciones en el juzgado”, explicó. Se mostró en contra de que los secretarios ejerzan subrogancias en los Juzgados. También criticó el manejo de los fondos por parte de la Corte Suprema, “la administración del Poder judicial debe ser del Consejo”, expuso.
Sostuvo que había que “recuperar la confianza en el que va a concursar” y eliminar la discriminación entre abogados y funcionarios del Poder Judicial a la hora de acceder al cargo de magistrado. Para ello, precisó que era esencial mejorar el actual estado de la Escuela de Capacitación Judicial, a la que abogados, por cuestiones de distancia, no pueden concurrir, por ello propuso que haya escuelas de ese tipo en todos los Colegios de Abogados del interior.
La lista “Abogados por una Justicia Independiente” lleva en su boleta a Miguel Alberto Piedecasas, abogado y notario, especialista en Derecho Comercial, y a Carlos Litman Malis, ex Diputado Provincial por Buenos Aires y vicepresidente de la Caja de Previsión Social para Abogados.
Desde la agrupación llaman a que los abogados tengan igualdad “para acceder a la justicia Federal, ya que en los últimos años solo un pequeño porcentaje fue el que pudo hacerlo, en relación a la enorme cantidad de matriculados que poseemos. Debemos tener la participación proporcional a nuestro número e importancia; para poder concursar en igualdad REAL de oportunidades frente a los demás aspirantes que pertenecen a los diversos Poderes del estado”.
“Abogados por una Justicia Independiente” también propone un proyecto de ley para aumentar el número de abogados en el Consejo, “de manera tal que se cumpla con la representación equilibrada que exige el artículo 114 de la Constitución Nacional y conjuntamente garantice la participación de las minorías dentro del estamento, ya que sin minorías no hay pluralismo ni democracia posible”.
La lista 3, “Equidad con M.A.YO. (Más abogacía y oxigenación)” presenta a Cesar Antonio Grau, quien fue Representante por los abogados en el Consejo de la Magistratura y en el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Santa Fe, y a Omar Basail, actual conjuez de la Suprema Corte bonaerense y ex Vicepresidente de la FACA.
La lista vuelve a expresar la necesidad de terminar con la discriminación de abogados, “no podemos seguir permitiendo la actual discriminación en el Consejo de la Magistratura que no nos permite participar en la selección de jueces integrando esa comisión”, se quejan desde la agrupación, que reconoció que busca un ingreso igualitario de los abogados a la justicia, recordando que “sólo un 7% de abogados que provenían exclusivamente del ejercicio libre de la profesión lograron integrar alguna terna”. Propone para solucionar esta situación, la obligatoriedad de un cupo para abogados que ejerzan la profesión en cada terna para cubrir vacantes, girada al Consejo
“Proyecto Republicano Federal”, la lista 4 que lleva a Adolfo Alvarado Velloso, que además de abogado es un reconocido académico en el área del Derecho Procesal, y Raúl Sancho Eiras, presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados del colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
La agrupación liderada por Alvarado Velloso busca, en defensa de los profesionales del derecho, “lograr consenso legislativo acerca de la necesidad de adecuar inmediatamente los aranceles abogadiles a la realidad económica del país, tratando de evitar la subsistencia de todo margen de discrecionalidad judicial” y “obtener voz y voto efectivo para tener poder decisorio en la designación de los jueces, tema al cual los abogados somos ajenos en la actualidad”. Se inclina además por “propender a la aceptación de la diversidad de género en la cobertura de los cargos judiciales vacantes”.
La última lista “Somos Abogados”, es encabezada por Adolfo Athos Aguiar, ex presidente del Colegio de Abogados de Junín y Vicepresidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y con experiencia en el Conejo, ya que fue asesor en la Vocalía de Abogados del Interior durante la gestión de Pablo Mosca. Su compañero de fórmula, Eduardo Zabaleta, es un abogado chubutense, que se desempeñó como defensor de uno de los imputados por el secuestro de los abogados Miguel Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen.
Desde la agrupación se critica el discurso instalado de “que las únicas funciones del Consejo de la Magistratura son seleccionar y acusar jueces”, y mucho más que, las dos funciones “Que el Consejo asume como institucionales” como son Selección y Acusación y Disciplina “la abogacía ha sido desplazada totalmente en una y minimizada en la otra”.
“Somos Abogados” promueve que “la vocalía del interior debe tener irrestrictamente abiertos los canales para que sus representados conozcan (o al menos estén en capacidad de conocer) actuaciones que son públicas: cada proceso de selección de magistrados, cada instrucción disciplinaria, cada licitación y contratación directa, cada designación, y cada manipulación reglamentaria”.
Este mes, movido en términos eleccionarios para el mundo del derecho, también contará con una elección para los representantes de los jueces en el Consejo. Pero poco importa eso a los letrados, que deberán concurrir a las urnas para decidir quién los representará ante aquellos y ante los políticos.