Plantean además que la orden de Armella está enmarcada en la causa "Mendoza", y que las viviendas iban a ser destinadas a 128 familias del asentamiento "El Pueblito", que viven en la ribera del Riachuelo, por lo que se encontraban dentro del programa de saneamiento contemplado para este caso. Por eso reclama que las fuerzas de seguridad actúen pronto, ya que se trata de una toma que involucra una acción destinada al cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema.

"Esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, reafirma y reclama de los poderes públicos, que las decisiones adoptadas por los Jueces dentro del ámbito de su competencia y dirigidas a los organismos legalmente obligados a auxiliarlos sean acatadas y cumplidas de inmediato, sin que quepa interpretación alguna por parte de aquéllos", afirman en la solicitada.

Carlos Lami, presidente de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, opinó para diariojudicial.com que "las resoluciones de los jueces deben ser respetadas, y la única forma de no acatarlas es apelando". Pero agregó que "es importante tener en cuenta las resoluciones judiciales, porque es la única forma de asegurar la división e independencia de los poderes".

En tanto, en el comunicado se refirieron al tema sentenciando que "situaciones como la presente nos obligan a enfatizar el sostenimiento de nuestra inquebrantable defensa de la independencia del Poder judicial y del respeto por la investidura y jurisdicción de los Magistrados, ante la improcedente intromisión de otros poderes públicos".

Mientras la orden de desalojo del juez Luis Armella sigue vigente, los cruces entre el gobierno porteño y nacional siguen. Julio Alak, ministro de defensa, aseguró que la Policía Metropolitana es la encargada de intervenir. Por su parte, Mauricio Macri salió al cruce declarando que "la seguridad de la ciudad de Buenos Aires le corresponde a la Policía Federal. Si no quieren hacerse cargo que nos traspasen los efectivos de la Federal".