Entonces, el máximo Tribunal entrerriano ordenó su reintegro "bajo apercibimiento de tener por injustificada su inasistencia y mandar a descontar los haberes correspondientes". El empleado se mostró disconforme con la medida ejecutada, y decidió no ir a trabajar y pedir una nueva licencia, presentando un nuevo certificado extendido por un médico particular.

Pero además, presentó una denuncia por violencia laboral contra el jefe de su área, junto con un pedido de recurso de revocatoria que fue rechazado en febrero de este año.

Gracias a esta acción, los vocales que en la Reunión de Acuerdo General rechazaron su pedido de revocatoria, involucraron al procurador general de la provincia, Jorge García. El magistrado aseguró que se advertía que el certificado "aparece de manera evidente, carente de seriedad, siendo el mismo contrapuesto a lo dictaminado por la Junta Médica".

Y agregó que "por las consideraciones vertidas, pudiendo eventualmente darse el delito de expedición de certificado médico falso, opino que se deberán remitir testimonios al agente fiscal de turno, a fin de investigar la posible comisión de este delito por parte del profesional que suscribe".

En una nueva Reunión de Acuerdo General, los vocales, luego de estudiar el caso nuevamente, decidieron que se cumpliría con el dictamen del procurador general, por lo que el caso se abrió y el empleado está siendo investigado. También están involucrados los médicos que extendieron los certificados para el imputado.

El fiscal de turno ya empezó a recibir el testimonio de los integrantes de la Oficina de Personal del Tribunal, para ayudar a la investigación en la que se discute la autenticidad del certificado que presentó el trabajador, que cuenta con la firma de un médico de la capital de esa provincia.