Basándose en dos sanciones que tuvo el magistrado por "incurrir en negligencia en el cumplimiento de sus deberes" por la falta de monitores de computadora y resmas de papel en depósitos que estaban a su cargo, los dirigentes cuestionaron la decisión tomada por los magistrados al promover a Suárez a su posición actual. En esos casos, fue suspendido por veinte días.

También hicieron alusión a una suspensión por diez días sin goce de sueldo que sufrió el magistrado por usar un sello que decía "Doctor", sin tener ningún título. Por eso, los legisladores aseguraron que "estas conductas no se condicen con la idoneidad, transparencia y competencia que el ejercicio de las funciones públicas demanda".

Pero además, Gentili y Raffo hicieron otras denuncias contra el Consejo en el pasado. Es que en la última sesión de 2010, los concejales aprobaron la compra de un edificio por 3.75 millones de dólares, que, según afirmaron, era un 21% más que la tasación oficial. Además, afirmaron que parte del dinero que se usó para esa compra estaba, en principio, destinado a la refacción de un edificio judicial en Berutti 3345, en el barrio porteño de Palermo.

Según la denuncia que realizaron por esta cuestión, la compra del edificio estaba incluida en la orden del día de la reunión plenaria del 17 de diciembre del año pasado. Ese día se vencía el mandato de seis de los nueve integrantes del Consejo, y la medida tuvo ocho votos a favor.

"El vencimiento del mandato de seis consejeros resulta por demás llamativa, máxime si se tiene en cuenta que la Legislatura porteña aún no ha resuelto la representación que habrá de designar para completar la actual integración del Consejo de la Magistratura", aseveraron en ese entonces los legisladores.

La denuncia por "presunto delito de acción pública" está radicada en la Fiscalía en lo Correccional Nº13, a cargo de Ángel Nardiello, donde prestaron declaración y aportaron pruebas documentales por esta causa.