Torres envió un exhorto dirigido al presidente de Sala en el Tribunal de Apelación de París a través de la Cancillería argentina, donde le pide toda la información que sirvió para condenar a cadena perpetua en ausencia a Astiz.
Francia condenó el 16 de marzo de 1990 al destituido capitán de Fragata a la pena de cadena perpetua por el arresto ilegal, secuestro y torturas de las religiosas, desaparecidas desde diciembre de 1977.
Además de Astiz, por el mismo hecho están imputados los represores Jorge “El Tigre” Acosta y el ex prefecto Héctor Febrés, entre otros.
Recientemente, el juez de Bahía Blanca, Alcindo Álvarez Canale, negó por tercera vez la extradición de Astiz a Francia, una decisión que fue apelada por la fiscalía y pasó a consideración de la Corte Suprema de Justicia.
Quieren que Canicoba diga no
En tanto, en la otra mega-causa por crímenes en la dictadura reabierta en setiembre por la Cámara Federal porteña, la defensora oficial de los detenidos por crímenes en el Primer Cuerpo del Ejército adhirió al planteo de nulidad y excepción de falta de acción que ya había formulado la defensa de los detenidos Héctor Gamen y Pedro Durán Sáenz.
“Como consecuencia de la adhesión solicitamos la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.779, mediante la cual se nulificaron las leyes 23.492 y 23.521, conocidas como de Punto Final y Obediencia Debida”, dice parte del escrito presentado por la defensora Silvia Otello Rella.
La defensora repasó dichos de legisladores en la sesión de la cámara de Diputados donde se anularon las normas que provocaron en la década del 80’ la paralización de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Otello Rella usó palabras del diputado radical Pascual Cappelleri, quien en esa audiencia se preguntó si con la anulación de la norma se buscaba “terminar con la impunidad” o “ilusionar y engañar a la ciudadanía en general y a los familiares” de las víctimas.