La Corte Suprema apartó al magistrado federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, de todas las causas vinculadas con la ejecución de la sentencia del caso “Mendoza” (julio de 2008). Además, pidió a la Magistratura y a la Cámara Federal que investiguen los informes sobre presuntas irregularidades en la contratación de obras para senaar la cuenca Matanza-Riachuelo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió “apartar al señor Juez Federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, del conocimiento de todas las causas radicadas ante ese juzgado con motivo de la competencia atribuida en la sentencia del 8 de julio de 2008, y suspender el trámite de dichas actuaciones hasta nueva orden del Tribunal”.
La decisión fue tomada por los Ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, es decir, por todos los integrantes del Alto Tribunal de la Nación.
El Máximo Tribunal también ordenó que se extraiga una copia certificada de los informes que se presentaron durante la audiencia pública relativa a la causa Riachuelo, y que ésta se remita “al Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de que, en los términos del artículo 114 de la Constitución Nacional, tome intervención a los efectos de examinar la eventual responsabilidad del señor titular del Juzgado Federal de Quilmes, Luis Antonio Armella”.
Además, los magistrados dispusieron que, conforme el artículo 177, inciso 1, del Código Procesal Penal de la Nación, se remita una copia de los informes de la audiencia pública en cuestión a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que se sortee el juzgado que intervendrá “en la investigación contra todos los presuntos involucrados por la eventual responsabilidad penal que resultaría de las actuaciones que se acompañan”.
Las medidas dispuestas por el Máximo Tribunal de la Nación se fundan en la denuncia de presuntas irregularidades en torno a las contrataciones de obras para el saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Las maniobras, presuntamente ilícitas, fueron denunciadas por un periodista de Página 12, y más tarde, por los representantes del Estado Nacional y de la Auditoría General de la Nación, durante las audiencias públicas celebradas recientemente ante la Corte.
Los Ministros del Alto Tribunal indicaron que las decisiones tomadas se fundaban en “el contenido y conclusiones de los informes presentados por la Auditoría General de la Nación ante esta Corte –con motivo tanto de la medida instructoria ordenada por resolución del pasado 29 de agosto, como del requerimiento efectuado el 18 de septiembre para la audiencia pública celebrada el primero de noviembre”.
El Máximo Tribunal de la Nación afirmó que era necesario “adoptar con la mayor celeridad las medidas que –por un lado- preserven la confianza de la sociedad en la transparencia de los procedimientos cumplidos ante los poderes del estado” y por otro que “permitan llevar a cabo las investigaciones necesarias –por los órganos competentes- con el objeto de juzgar las eventuales responsabilidades de diversa índole que podrían resultar de los informes mencionados”.
Finalmente, cabe señalar que las investigaciones aluden a las contrataciones realizadas por Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, en cumplimiento del plan integral de saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.