El acuerdo fue apurado entre peronistas y radicales porque recién a principios de febrero estarían integradas todas las comisiones legislativas, según el acuerdo alcanzado hoy por el presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual y los justicialistas Eduardo Caamaño y Miguel Angel Pichetto. Uno de los proyectos contra la evasión remitidos por el presidente Fernando De la Rúa establece la creación de una Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Tributario, un Tribunal Oral y tres juzgados nacionales. El segundo proyecto, propone la creación de seis juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias.
En los fundamentos del pedido al Congreso, el presidente Fernando De la Rúa, fundamenta lo siguiente:
- Crear una estructura judicial especializada para el enjuiciamiento de los ilícitos tributarios.
- Acelerar el procedimiento para el cobro de créditos originados en impuestos, patentes, tasas, retribuciones de servicios, mejoras o multas adeudadas a la administración pública nacional.
El Gobierno nacional aclara la "imprescindible urgencia" a la hora de crear los tribunales, de acuerdo con las modificaciones propiciadas por la Ley Penal Tributaria 24.769 Y el nuevo esquema de "persecución penal de los ilícitos tributarios". El proyecto prevé la designación de seis jueces de cámara, tres jueces de primera instancia, un fiscal general, tres fiscales de primera instancia, un defensor público oficial ante la Cámara y tribunal Oral y un defensor público oficial de primera instancia.
También se propone la creación de seis juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias. Esta iniciativa se basa en la necesidad del Estado de contar con recursos financieros, situación que "torna indispensable" el cobro de todas aquellas sumas que se le adeudan a la administración pública nacional. Por razones de "urgencia", y hasta tanto se implemente la ley, el Gobierno impulsa la creación de tres secretarías con competencia exclusiva en materia de ejecuciones tributarias en los juzgados en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal.
Los delitos de evasión fiscal y los delitos de carácter impositivo, que hasta ahora eran atendidos por la Justicia en lo Penal Económico. Pero desde la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) se criticó ácidamente al fuero, mientras que no fueron pocos los jueces que le atribuyeron a Carlos Silvani la presunta intención de crear tribunales con abogados de la DGI para permitirle al organismo recaudador fiscal una especie de zona liberada judicialmente para perseguir a los evasores.
Por eso con la confirmación de Silvani tras un pleno respaldo del Fondo Monetario Internacional, en momentos en que el ministro de Economía, José Luis Machinea, negocia la refinanciación de la deuda, desde el gobierno se dejaron trascender números críticos: durante el último año, de 1.500 causas existentes en los juzgados penales económicos, sólo tres tuvieron sentencia, algo imposible de admitir -sostiene el oficialismo- si se pretende aumentar la recaudación impositiva.