Lo resolvió el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, se trata de una investigación iniciada contra Greppi - titular de la financiera Propyme, que tomó estado público por el presunto intento de frenar un allanamiento- y otros siete imputados a raíz de una denuncia de la Unidad Fiscal Especial sobre Lavado de Dinero (UFILAVDIN), que recibió diversos reportes de operaciones sospechosas originados en la detección "de importantes operaciones de descuento de valores; principalmente, cheques de terceros depositados en las cuentas corrientes" a dos sociedades "que, amparadas en un supuesto objeto social agropecuario, se hallaban beneficiadas en el régimen de pago del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias". Se trataría de maniobras de evasión cometidas entre los años 2008 y 2011 por una suma cercana a los 103.021.389 millones de pesos. López Biscayart además ordenó trabar embargo por 330 millones de pesos.