La causa se inició por una denuncia de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, quien pidió que se investigue la “jubilación por invalidez, debido a problemas psiquiátricos de envergadura que le diagnosticaban invalidez total” a González, aunque luego asumió en el directorio del PAMI.
“Si tiene serios problemas psiquiátricos y es beneficiario de una jubilación por invalidez no puede integrar el directorio del PAMI”, dijo Oliveira y agregó que de lo contrario debería haber renunciado al beneficio extraordinario. Según el informe médico, González presentaba un cuadro de “psicosis bipolar y personalidad psicopática”, con “incapacidad total permanente de 85 por ciento”.
Aún así, González se desempeñó en el directorio del PAMI como representante de la Mesa Federal de Organización de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad desde el año 97 y durante toda la gestión de Víctor Alderete al frente del organismo.
Para fundar su resolución, el juez analizó el informe de los médicos forenses y concluyó que cuando González aceptó el nombramiento cometió una “maniobra reprochable” porque “contaba con una manifiesta incompatibilidad puesto que se encontraba gozando de una jubilación por invalidez”.
Sin embargo, el juez entendió que Alderete no cometió delito alguno al nombrarlo, porque “no tenían la obligación legal ni administrativa de requerirle ningún tipo de información, solamente debía corroborarse su condición de jubilado".