Con este nuevo escenario no se descarta que en los estratos judiciales se reciban en pocos días una innumerable cantidad de denuncias contra los represores que no fueron procesados en el Juicio a las Juntas.
En este sentido, los militares beneficiados por estas leyes de perdón no fueron juzgados y luego indultados, por lo que se prevé que serán denunciados y posiblemente detenidos militares y civiles involucrados en delitos durante la última dictadura militar de nuestro país (1976-1983).
A partir de la sanción de estos proyectos la decisión de avanzar en el juzgamiento de quienes incurrieron en esos delitos queda en manos de la Justicia, más específicamente y en última instancia en la Corte Suprema quien aguarda una resolución pendiente sobre el tema para resolver con el pleno de sus integrantes.
El virtual “trámite” del Senado se resolvió tras un debate de más de ocho horas y con un resultado de 43 votos afirmativos contra siete negativos y una abstención, completando así la sanción iniciada hace una semana por la Cámara de Diputados.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia nacioanl, Carlos Fayt, aseguró que "sería triste" que el máximo tribunal se viera presionado por la decisión del Senado y afirmó que la Corte "juzgará en su momento" las causas contra los ex represores dado que, según dijo, "fatalmente tienen que llegar" a esa instancia judicial.
En este sentido, negó que sus miembros se sientan presionados después de la medida legislativa y agregó que "la Corte no es presionada por nada, ni por nadie”, y agregó que el Supremo Tribunal “va a hacer lo que le corresponde".