En una acordada difundida esta noche, la Corte le advirtió al Consejo de la Magistratura que "no cuenta con la atribución para dictar normas reglamentarias en cuestiones concernientes a asuntos de superintendencia". Por ese motivo, los ministros dispusieron "declarar inválida" la resolución 6/00 dictada por el Consejo de la Magistratura por la cual ese órgano se atribuyó "las facultades de superintendencia y las de reglamentación emanadas de la Constitución Nacional".
Por esa misma resolución invalidada ahora por la Corte, el Consejo consideraba como "inaplicable la disposición" del máximo tribunal por la cual, y a través de la acordada 16/99 se delegaba en el Consejo la superintendencia sobre su propio personal, introduciendo un articulo designado como 118 bis en el Reglamento para la Justicia Nacional.
La Corte, según confiaron voceros del cuarto piso del Palacio de Justicia, sintio esa postura del Consejo como "un menoscabo" a sus facultades como cabeza del Poder Judicial y replicó en duros términos que, se descuenta, generarán una áspera polémica con el organismo encargado de destituir a los jueces y de la selección y nombramiento de magistrados.
La Corte le recordó al consejo su cáracter de "Cabeza del Poder Judicial de la Nación" y que las facultades disciplinarias de sus empleados, incluso los de ese organismo son originarias del máximo tribunal de Justicia.En ese sentido le recordó que por esas facultades "tiene a su cargo el aseguramiento de la indispensable unidad y orden jerárquico en lo que hace al personal que integra dicho poder".
"En tales condiciones, funcionarios y empleados del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento d Magistrados lo son del Poder Judicial de la Nación, y sobre ellos ejerce originariamente superintendencia la Corte Suprema", advirtió.
El texto, difundido, contó con el voto mayoritario de sus miembros, y los ministros Enrique Petracchi y Gustavo Bossert lo hicieron en un voto concurrente en el que se planteó la cuestión "desde una postura mas atenuada".
La Corte planteó a grandes rasgos al Consejo que de ninguna manera las facultades de superintendencia disciplinaria sobre los jueces y empleados de la justicia le son naturales sino que las mismas le fueron delegadas por el Máximo Tribunal.
Sucede que hace poco más de un año el Consejo tuvo inconvenientes para desarrollar sus primeras actividades y le planteó a la Corte la necesidad de contar con empleados que, en un número considerable, continúan dependiendo del Poder Judicial de la Nación.
A ellos se sumaron luego los empleados designados por el propio Consejo y por ese motivo la Corte habría delegado en el cuerpo la superintendencia disciplinaria. Sin embargo, el tenor del pronunciamiento se sumaría al de la acordada de la semana pasada en la que la Corte también reivindicó su potestad para ejercer la relación con los demás poderes del Estado, ante las resoluciones adoptadas por distintas Cámaras Federales, que habían efectuado reclamos al Poder Ejecutivo, en algunos casos por la falta de personal para desarrollar sus tareas.