La investigación, si el magistrado decide abrirla, apunta a determinar si Balza, quien estuvo al mando del Ejército entre 1990 y 1999, ordenó destruir evidencias de la represión ilegal que puso en marcha la dictadura con el alegado propósito de combatir a la guerrilla de signo izquierdista.
El general Balza negó públicamente en varias ocasiones que el Ejército conservara ese tipo de documentación. En enero de 1999, Cristino Nicolaides, el último jefe del Ejercitodel régimen militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, dijo a la justicia que “el mismo ordenó incinerar todas las órdenes e instrucciones de esa época”.
Nicolaides añadió que en el mismo en su momento confeccionó un acta en la que hizo constar el detalle de los documentos destruidos y que esa lista estaba en poder del Ejército, por lo que recomendó a las autoridades judiciales que se la pidieran a Balza.
La decisión del fiscal Cearras se conoció poco antes de que el programa "A dos Voces", diera a conocer el resultado de una investigación sobre el paradero de papeles vinculados a la represión. La labor periodística determinó que en septiembre de 1994,durante la gestión de Balza, fueron redactadas unas órdenes del Ejército para la destrucción de archivos del hospital de Campo de Mayo.
Según la investigación, el jefe de ese hospital militar, el coronel Carlos Todler, admitió en diciembre ultimo que eran auténticas las actas de incineración que llegaron a manos del juez Alfredo Bustos, quien investiga la desaparición de los cadáveres de los guerrilleros Roberto Santucho y Benito Urteaga.