04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

MATADOR.

 
Con un estilo definible en una mixtura entre un Kempes y un Rojitas, Oscar Ciruzzi se hizo cargo de la nueva Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Deportivos. Acorde con la nueva tendencia de que los magistrados del ministerio público cuenten con un mayor protagonismo en el derecho judicial del país, Nicolás Becerra lo acaba de ungir en el cargo desde donde pivoteará las investigaciones y la fiscalización de los estadios, con un perfil bien distinto a Perrotta y Bergés. Si bien en las cercanías del petit hotel de la calle Guido se mencionaba como candidato a Carlos Stornelli, el Procurador parece haberse inclinado por el fiscal de cámara que anteriormente tuvo un reconocido paso por la defensoría pública y oficial y que no aparece ligado a ninguna fuerza política. A Ciruzzi el tema del fútbol no le es ajeno. Fanático de la redonda, desde hace varias ediciones es "il capocannonieri" indiscutido de los torneos de verano del club Ituzaingó, allá en el Este. En la última temporada sólo no pudo anotar cuando fue marcado por el sólido zaguero José María Astarloa, que de no haberse dedicado a la exitosa tarea abogadil, seguramente compartiría plantel con Diego Forlán, a quien representó internacionalmente en su transferencia al Manchester United. La experiencia de vincular la actividad tribunalicia con el fútbol no es nueva. Ya desde 1970 el estadio Maracaná cuenta en su planta baja, frente al hall of fame de la catedral del fútbol carioca, con un juzgado, fiscalía y defensoría que funcionan los días de partido e imprimen trámite sumarísimo a las causas que les llegan, logrando incluso que las víctimas de hurtos, robos o actos de violencia no tengan la sensación de desamparo que habitualmente se genera en el marco de multitudes. Siempre ha llamado la atención que con la experiencia de los bravos torcedores se cayera sistemáticamente en el ejemplo de los hooligans, sin mirar a nuestros vecinos verdeamarelos. Quizá sea una cuestión de millaje.

KAPUT. Ya nadie duda a esta altura que los temas de justicia y la política tienen cada vez más puntos en común. Así como la última reforma procesal penal incluyó la consagración de un principio de oportunidad y conveniencia, máxima que parece compatible con las cuestiones políticas. Un ejemplo de eso es el proyecto que se acunó en plena feria judicial de invierno donde se daba por hecho la aglutinación sin especialización de los jueces penales, barriendo sobre todo y estratégicamente a los muchachos y la chica de Federal. Proyecto coherente con lo que asomaba ser la limpieza étnica de la Justicia con epicentros en Talcahuano y en Comodoro Py, la idea trabajada por la Comisión Arslanián y avalada por Béliz había impulsado para los casi 80 magistrados penales el estándar de juez federal de Buenos Aires. Pero como las oportunidades y las conveniencias van mutando de acuerdo a los acontecimientos y las necesidades políticas del momento, al parecer ese proyecto se ha desinflado definitivamente. El tema de los militares, punta de lanza de la actividad judicial del momento, es el crisol por donde se advirtió la inconveniencia de dinamitar el hasta ahora fuero top de la justicia criolla. No pasó inadvertido para nadie que las dos salas de Federal, anticipándose a un fallo de la Corte, ya sentaron precedentes generando la presión suficiente al máximo tribunal, para el dictado de las inconstitucionalidades de las llamadas leyes del perdón. Así impulsaron, con la velocidad de un corcho navideño la causa del Primer Cuerpo y de la ESMA a los juzgados de primera instancia para que a toda velocidad generen las detenciones de los viejos chicos malos de los años de plomo. Qué necesidad había entonces de desperdigar estos temas tan sensibles entre más de diez salas con suerte incierta y con integrantes producto de las más variadas gestiones de origen democrático y de las otras. Quizás no haya un anuncio formal de que el proyecto se desvaneció, más aún como nunca nadie lo anunció oficialmente, hasta pueden llegar a decir que fue un inexacto trascendido fruto de la imaginación de algún periodista. Lo importante sería que si la comisión está integrada por reconocidos juristas y académicos, ponga rápidamente manos a la obra en proyectos que mejoren la eficiencia del sistema penal.

BARAJA MARCADA. O cartas en la manga, como se prefiera, son las que parece mantener el represor Alfredo Astiz. Ahora procesado y con prisión preventiva en su causa judicial más difícil: los crímenes en la ESMA. A pesar de acumular un revés judicial tras otro (desde el martes está por quinta vez detenido y esta vez serán -al menos- varios meses) el temible "Ángel Rubio" sigue gozando de estatus de militar retirado a la hora de tramitar sus condiciones de detención. A poco de conocerse la orden de captura del juez Sergio Torres, Astiz se presentó en el edificio Libertad de la Armada Argentina y allí quedó "detenido". Desde allí cruzó la calle un día después y allí volvió luego que en el juzgado de Sergio Torres le comunicaran la mala nueva: quedaba detenido y procesado por torturas y secuestros contra cinco detenidos que pasaron por la ESMA. Así se fueron alzando voces contra las particulares condiciones de detención de Astiz, y algunas llegaron desde la justicia. El juez federal de Bahía Blanca Alcindo Álvarez Canale y el fiscal de esa jurisdicción, Hugo Cañón, se pronunciaron contra los "privilegios" de Astiz (en la ciudad bonaerense lo esperan para detenerlo por un pedido de extradición de Francia) y dijeron que, si fuera por ellos, quedaría detenido en "una cárcel común". Sin embargo, en Buenos Aires, cerca del juez federal Sergio Torres los comentarios son más cautos. Es que aunque se diga una y otra vez que Astiz ya no tiene grado militar y que lo perdió por una orden de Carlos Menem el 23 de enero de 1998, en el juzgado federal 12 no están seguros que esa decisión haya llegado a los papeles. "Estamos revisando, porque parece que ese trámite se trabó en alguna oficina de la Armada", confiaron a Diariojudicial.com fuentes de la megacausa. En aquel momento Astiz reivindicó la desaparición y la tortura como metodología represiva y se declaró aún en condiciones de matar tanto a un político como a un periodista. Por esas declaraciones, Menem lo llamó "facineroso" y terminó ordenando su destitución que incluía la pérdida del grado y todas las atribuciones en la Armada, incluído el sueldo. Sin embargo, cuando en las últimas vacaciones de invierno volvió a prisión a pedido del juez español Baltasar Garzón estuvo preso entre marinos, igual que ahora. Si las dudas judiciales se comprueban y Astiz nunca dejó de ser militar, hay otro escándalo en puerta.



alejandro s. williams / dju
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