El procedimiento fue propuesto al Jefe porteño por el grupo de ONGs que influyó en el dictado de la autolimitación de facultades del ejecutivo nacional y regula las facultades propias del Poder Ejecutivo otorgadas constitucionalmente, contribuyendo a otorgar mayor transparencia y publicidad al proceso de selección”, precisó el decreto.
Por ello el sistema, de gran similitud con los dec. 222/03 y 588/03 que rigen en el orden nacional, apunta a permitir la ampliación de la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas “respetando los plazos prudenciales que deben seguirse para que el máximo tribunal de justicia y el Ministerio Público de la Ciudad se encuentren conformados en su totalidad”.
En este sentido, los nombres de las personas que hayan presentado observaciones al candidato puesto a consideración que no incurran en observaciones “claramente improcedentes o discriminatorias”, serán publicadas en texto completo en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Internet (www.buenosaires.gov.ar).
Procedimiento
A partir de ahora, y “dentro de los 60 días desde que hubiere quedado vacante el cargo de Juez/a del Tribunal Superior de Justicia, Fiscal General, Defensor/a General y/o Asesor/a General Tutelar, el Poder Ejecutivo debe publicar durante dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en por lo menos dos (2) diarios de gran circulación de la Ciudad, el nombre y los antecedentes curriculares de la persona designada para ocupar una vacante.
Realizado este paso se publicaran en internet, entre otros datos los antecedentes curriculares, declaraciones juradas la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integre o haya integrado en los últimos ocho (8) años, estudios jurídicos a los que perteneció o pertenece.
A partir de la ultima publicación en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires y por un plazo de 15 días las personas físicas o jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden presentar por escrito ante la autoridad de aplicación -la Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica -las observaciones que estime convenientes y no sean irrelevantes o discriminatorias.
Vencido el plazo para las observaciones, la autoridad de aplicación realizará un informe, el cual debe elevar al Jefe de Gobierno en el plazo de 7 días, en el que debe consignar el nombre o designación de la personas que efectuaron observaciones; las observaciones que considere relevantes y las razones por las que no fueron consideradas relevantes el resto de las observaciones.
Finalizado, el informe será girado al Jefe de Gobierno para que en un plazo de 15 días decida sobre la conveniencia de la remisión de la propuesta a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en caso afirmativo deberá enviar la propuesta con todo lo actuado dando las razones de la elección.
Aclara la norma que el presente régimen resulta también aplicable a las vacantes existentes a la fecha, supuesto en el que los 60 días establecidos para iniciar el mecanismo instaurado se contarán a partir de su entrada en vigencia.
Al respecto cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una vacante producida por el deceso de uno de sus miembros, Guillermo Andrés Muñoz, quien falleciera en julio pasado, con lo cual el mecanismo se pondrá en marcha inmediatamente.