De esta forma, los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun confirmaron la decisión de primera instancia del juez Norberto Oyarbide, quien el 10 de junio pasado procesó al ex funcionario por desviar partidas presupuestarias del ministerio a su cargo.
La causa se originó por una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA), según la cual un millón de dólares que debía destinarse a una investigación sobre el desarrollo minero en la Argentina terminaron en manos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), cuando la misma estaba encabezada por el argentino Carlos Magariños.
Los camaristas ratificaron el criterio de Oyarbide, quien entendió que “se encuentra demostrado prima facie” en el expediente el delito cometido por Bastos “al haber suscripto y enviado la nota nº 25/01 al señor director General” de la ONUDI.
En esa nota, Bastos autorizó a pagar la suma de 1.095.000 dólares a esta organización para la “cancelación parcial” de la deuda que la Argentina mantenía con el organismo dependiente de Naciones Unidas.
Cuando fue indagado, a mediados de abril pasado, Bastos aseguró que se canceló la deuda como parte de un presupuesto de 8 millones de dólares que la misma ONUDI recibiría a cambio de un programa de auditorias del Régimen de Minería.
Pero el juez concluyó y ahora la Cámara avaló que -aunque el destinatario del dinero era el mismo organismo- la afectación de los fondos establecida en el presupuesto indicaba claramente que no podían usarse para saldar una deuda.
Irurzun, Luraschi y Catani siguieron el criterio de Oyarbide y entendieron que Bastos “le dio a los fondos en cuestión una aplicación diferente a aquella a la que habían sido destinados”.