La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe alertó que el Poder Judicial no pide por teléfono datos a profesionales que integran las listas de nombramientos de oficio ni envía citaciones por WhatsApp.
El aviso apunta a llamadas y mensajes que circulan entre abogados, peritos y otros auxiliares y que simulan provenir de dependencias oficiales.
La Secretaría de Gobierno de la Corte precisó que no realiza llamados telefónicos ni remite formularios o comunicaciones para recabar información sobre la integración de esas listas.
El organismo pidió que, ante cualquier contacto de esas características, se dé aviso de inmediato por los canales institucionales. Habilitó el teléfono 0342-4572700, internos 2126, 2127, 2287 y 2288, y el chatbot Justina, disponible en el sitio web del Poder Judicial de Santa Fe.
Tampoco, señaló, las unidades jurisdiccionales ni otras oficinas del Poder Judicial cursan citaciones a través de la aplicación de mensajería. El comunicado se emitió después de tomarse conocimiento de contactos de ese tipo.
Las listas de nombramientos de oficio reúnen a profesionales habilitados para actuar cuando un tribunal designa peritos u otros auxiliares. Quienes figuran en esos padrones suelen manejar datos personales, matrículas y datos de contacto, un perfil que, en la práctica, resulta atractivo para intentos de fraude.
En el país, este tipo de maniobras se reitera con variantes: un supuesto empleado judicial pide “actualizar” un registro, confirma un turno o adelanta una cédula por un canal informal.
El organismo pidió que, ante cualquier contacto de esas características, se dé aviso de inmediato por los canales institucionales. Habilitó el teléfono 0342-4572700, internos 2126, 2127, 2287 y 2288, y el chatbot Justina, disponible en el sitio web del Poder Judicial de Santa Fe.
La indicación es no responder pedidos de datos, no abrir enlaces ni completar formularios que lleguen por fuera de esas vías.
El recaudo no modifica los trámites reales. Las notificaciones judiciales en la provincia se cursan por los medios previstos en la normativa procesal y por los sistemas electrónicos oficiales, no por chats personales.
Quien reciba un mensaje que anuncie una audiencia, un embargo o un requerimiento de documentación por WhatsApp está, según el propio aviso, ante una comunicación que el tribunal no reconoce como propia.