Al respecto, la Defensoría General de la Nación (DGN) calificó de “írrita” la decisión que por el momento excluye de este aumento a magistrados, funcionarios y empleados de la Corte Suprema, del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa de la Nación, situación por la cual se “ha provocado un estado de movilización y paro de actividades”.
Precisamente, el reclamo se convirtió en una estrepitosa marcha en la que no faltaron explosivos pirotécnicos de todas las variedades y calibre, arrojados junto a papeles de todo tipo incluyendo decenas de rollos de papel higiénico, elementos que arrojados desde los pisos más altos del Palacio confluían en la planta baja del hall central.
Por otra parte, la Defensoría General de la Nación (DGN) se encargó de informar a sus integrantes distribuidos en todo el país en qué etapa se encuentra este reclamo, tras “las diversas acciones realizadas en forma conjunta con la Procuración General de la Nación ante las autoridades nacionales correspondientes, con el objeto de lograr la liquidación y pago del aumento”.
Recordaron que el 2 de junio de 2003 el Defensor General de la Nación, Miguel Ángel Romero, y el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, presentaron en representación del Ministerio Público de la Nación un oficio ante el jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, Alberto Fernández, solicitándole “que disponga lo conducente para que se provean los incrementos presupuestarios financiados por el Tesoro Nacional, para que las respectivas jurisdicciones puedan afrontar los incrementos”.
Informaron también que el mismo día habían remitido esto al ministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna, y “de allí en adelante fueron numerosas y continuas las diversas gestiones realizadas ante el Poder Ejecutivo, tendientes a lograr por la vía que marca la ley los recursos necesarios para afrontar el pago del incremento salarial.
Asimismo, la DGN renovó su reclamo remitiendo una nueva nota al Jefe de Gabinete de Ministros, solicitándole que en término de 10 días a partir de la recepción del oficio deposite los fondos necesarios para que el Ministerio Público de la Defensa de la Nación pueda afrontar el gasto que demanda el pago de la suma de 200 pesos, “con carácter remunerativo, bonificable y retroactivo al 1/05/03 a los magistrados, funcionarios y empleados integrantes de este Órgano”.
“En dicho oficio se deja sentado que, el hecho de que integrantes del Poder Judicial hayan percibido el incremento, ha generado una desigualdad entre los salarios de aquellos y los que quienes se desempeñan en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, situación que ha provocado la ruptura de la equiparación de los salarios prevista en la ley”, precisaron.
Finalmente la DGN explicó en ese escrito que “es una obligación del Defensor General hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que quienes se desempeñan bajo su dependencia sean puestos en una situación de desigualdad respecto de aquellos agentes públicos a los que han sido equiparados por la ley”.
Es que si bien en los hechos, empleados judiciales cobraron la semana pasada un aumento de 200 pesos en su salario, el resto de los empleados que dependen directamente de la Corte no accedió a ese beneficio porque el Alto Tribunal no está de acuerdo con la metodología que se utilizó para aplicarlo, por lo que el gremio, en un duro reclamo que promete endurecerse aún más, exigió que "se pague ya" a la totalidad de los trabajadores del Poder Judicial "sin discriminaciones". Recordemos que la Corte había argumentado tener limitaciones para autorizar el aumento de salarios y aseguró que es el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien debe autorizar la partida presupuestaria para ese fin.