HACETE CARGO. Esta parece ser la idea que tuvo la Corte Suprema cuando a mediados de la última semana decidió transferir a la órbita del Consejo de la Magistratura el Cuerpo de Auditores, la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, la de Subastas Judiciales y el archivo del Poder Judicial de la Nación, por medio de distintas acordadas, decisión que fundó en la búsqueda de una supuesta mejor administración de recursos. La medida de la Corte fue tomada por sorpresa en el Consejo de la Magistratura, que ante la misma decidió convocar a una sesión de la comisión de administración con el fin de analizar de qué modo se comenzará a instrumentar el traspaso de esas dependencias al órgano. Según trascendió, la idea de los consejeros es pedirle al máximo tribunal que la operación se efectivice en noviembre. El cuerpo pedirá ese plazo con el fin de poder organizarse mejor, dado que a su planta de empleados se sumaran 800 nuevos efectivos Otro tema que entra en el debate con la decisión adoptada por la Corte, es el pago de los 200 pesos de aumento, ya que en la actualidad los empleados que dependen del alto tribunal no lo han cobrado, pero en cambio sí lo hicieron los que dependen del Consejo. Con el traspaso los empleados comenzarán a percibir los 200 pesos de plus salarial, pero la controversia se centra en torno al retroactivo, ya que mientras algunos dicen que lo cobraran por medio del Consejo, otros marcan que deberá ser la Corte Suprema quien le encuentre una solución al espinoso tema, que mantiene en duro enfrentamiento entre los trabajadores y el alto tribunal de justicia.
TODO SUMA. Los abogados no cesan de manifestar su descontento por una lejana acordada de la Corte. Es precisamente la 29/95 del 10 de agosto de 1995, que puntualiza que los letrados que quieran consultar jurisprudencia deben pagar una estampilla de 5 pesos por solo pedirla, esté o no lo que buscan. Pero las variaciones en las oficinas de jurisprudencia de los diferentes fueros tiene cada una su matiz, y todas tratan el tema de diferentes maneras, aunque siempre se llevan las quejas, como toda persona expuesta en un mostrador. Lo que llama la atención es que no todos cobran esa suma en todos los casos, y muchos confiesan que “no les da la cara a veces”. Por eso, muchos abogados se sorprenden cuando les dicen que deben pagar para consultar, porque en otras ocasiones le han condonado esta cifra considerada excesiva para muchos. Hay fueros en donde se cobra sólo un 1 peso por imprimir “hasta 10 hojas” de algún fallo que esté disponible en la computadora. “Nunca se van sin nada”, confiesa una de las encargadas de facilitar estos materiales. Este peaje burocrático se especifica en el artículo 2, incisos d, e, f y h de la citada acordada. Lo cierto es que pesito por acá, pesito por allá desde el Consejo de la Magistratura coinciden que lo que se viene recaudando por esos menesteres – también se paga por pedido de fotocopias, certificados, desarchivos, etc. – otrora gratuitos, sirvió para fondear un aumento del presupuesto que junto a la austeridad aplicada y un mayor control de contrataciones y licitaciones permitió entre otras cosas otorgar aumentos como el que hoy disfrutan, en un esquizofrénico contrapunto con la Corte, una gran parte de los empleados del Poder Judicial de la Nación.
FUEGOS ARTIFICIALES. Esta semana la Cámara Federal le puso punto final a una de esas querellas que son políticamente correctas en el momento en que la turbulencia mediática no deja otra salida que ir para adelante, pero que en el fondo, no tienen demasiado sustento jurídico, o demostrarlo cuesta demasiado trabajo. Se trata de una querella por “injurias” que el otrora funcionario y hoy banquero de entidades varias Emilio Cárdenas le inició al hoy senador y muy pronto gobernador de San Juan, José Luis Gioja. La querella buscaba frenar embates verbales del senador en medio del escándalo conocido como Coimas II: el supuesto pedido de dádivas a banqueros para cajonear leyes adversas que se cocinaban en la Cámara Alta. Mientras esa causa se disponía a acometer el sueño eterno (pasó tanta agua bajo el puente...) la querella de Cárdenas contra Gioja recalaba en tribunales hace poco más de un año, el 3 de octubre de 2002. La cosa es que Cárdenas no apareció a ratificar la presentación en los sesenta días siguientes ni tampoco en un plazo adicional posterior, que venció el 28 de abril de 2003. Así, la causa se archivó. Final sin gloria... pero no. Porque el banquero apareció por fin, pero para apelar el archivo del expediente argumentando que el artículo 442 del Código Procesal Penal (que dispone los plazos de la ratificación) era inconstitucional. Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani dedicaron varias páginas más que los antecedentes de la supuesta injuria para fundamentar que el asunto no era así. Ahora sí, punto final. ¿O Cárdenas querrá volver a la carga? Ya lo sabremos. Eso sí, a esta altura, ni Gioja debe recordar lo que dicen que le dijo al banquero.