22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

In Voce

 
SIN DESTINO. Uno de los clavos en el zapato K es sin duda el tema del atentado a la AMIA. Espinosa herencia que hubiera recibido sin beneficio de inventario cualquier presidente, tuvo por parte del Ejecutivo numerosas decisiones que generan la ilusión de una importante sensación de avance en el esclarecimiento de los hechos. Más allá de los testimonios de los cuadros del servicio de inteligencia, con rimbombantes explicaciones y conclusiones freezadas en naftalina, cuyo único fin parece ser complicar en la coctelera política al juez Galeano hoy ya sin el sólido apoyo de la comunidad judía con que contara durante tantos años de trabajosa labor. Al parecer toda esa actividad a lo largo del tiempo servirá para que Galeano las use en su defensa del casi seguro juicio político que lo espera, cuando en realidad deberían ser utilizadas contra quienes se encuentran hoy bajo proceso oral y público, quienes verán con un virtual gesto de triunfo cómo se va cumpliendo su objetivo de que el eje del juicio se convierta de a poco en la investigación de la investigación. Pero como el gobierno para mantenerse en estado debe anunciar una novedad tras otra, el tema de la conexión internacional del atentado también formó parte de la agenda oficial. La curiosa iniciativa de Bielsa de constituir un tribunal fuera de la Argentina para juzgar al grupo de iraníes acusados en la causa, más allá de la bondad o no de la idea, llamó la atención por el verde estado en que se encontraba al momento del anuncio. Este tipo de anuncios generalmente es el colofón de una negociación diplomática, y no a la inversa, en donde las declaraciones públicas del ministro se adelantaron a las consultas de rigor. Los especialistas coinciden en que no existe en el ordenamiento jurídico argentino una norma que facilite la adopción de una decisión de ese tipo, sin contar con que los iraníes son inmunes a los efluvios encantadores de Kirchner. Será por eso que la AMIA y la DAIA no tuvieron ninguna duda al mostrar su aval a la idea que el gobierno presentó recién en estado de iniciativa, pero cuidándose puntillosamente de no usar la palabra apoyo. Un detalle de la reunión que pasó inadvertido para muchos, es el lógico escozor de la alta dirigencia judía de haber sido convocados al Ministerio de Relaciones Exteriores para escuchar de boca de dos asesores del Canciller (y no de boca del mismo Bielsa o algún otro funcionario de la primera línea del gobierno), la idea de juicio fronteras afuera. Por otra parte, el presidente de la DAIA, José Hercman ya debe imaginar que si se opone a algo que no va a andar va a pagar el costo de que el gobierno luego diga que la querella pone palos en la rueda, en cambio así, dejan que la rueda siga corriendo con el destino que le deparen otros palos. (Especial de Diariodeljuicio.com).

HACETE CARGO. Esta parece ser la idea que tuvo la Corte Suprema cuando a mediados de la última semana decidió transferir a la órbita del Consejo de la Magistratura el Cuerpo de Auditores, la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, la de Subastas Judiciales y el archivo del Poder Judicial de la Nación, por medio de distintas acordadas, decisión que fundó en la búsqueda de una supuesta mejor administración de recursos. La medida de la Corte fue tomada por sorpresa en el Consejo de la Magistratura, que ante la misma decidió convocar a una sesión de la comisión de administración con el fin de analizar de qué modo se comenzará a instrumentar el traspaso de esas dependencias al órgano. Según trascendió, la idea de los consejeros es pedirle al máximo tribunal que la operación se efectivice en noviembre. El cuerpo pedirá ese plazo con el fin de poder organizarse mejor, dado que a su planta de empleados se sumaran 800 nuevos efectivos Otro tema que entra en el debate con la decisión adoptada por la Corte, es el pago de los 200 pesos de aumento, ya que en la actualidad los empleados que dependen del alto tribunal no lo han cobrado, pero en cambio sí lo hicieron los que dependen del Consejo. Con el traspaso los empleados comenzarán a percibir los 200 pesos de plus salarial, pero la controversia se centra en torno al retroactivo, ya que mientras algunos dicen que lo cobraran por medio del Consejo, otros marcan que deberá ser la Corte Suprema quien le encuentre una solución al espinoso tema, que mantiene en duro enfrentamiento entre los trabajadores y el alto tribunal de justicia.

TODO SUMA. Los abogados no cesan de manifestar su descontento por una lejana acordada de la Corte. Es precisamente la 29/95 del 10 de agosto de 1995, que puntualiza que los letrados que quieran consultar jurisprudencia deben pagar una estampilla de 5 pesos por solo pedirla, esté o no lo que buscan. Pero las variaciones en las oficinas de jurisprudencia de los diferentes fueros tiene cada una su matiz, y todas tratan el tema de diferentes maneras, aunque siempre se llevan las quejas, como toda persona expuesta en un mostrador. Lo que llama la atención es que no todos cobran esa suma en todos los casos, y muchos confiesan que “no les da la cara a veces”. Por eso, muchos abogados se sorprenden cuando les dicen que deben pagar para consultar, porque en otras ocasiones le han condonado esta cifra considerada excesiva para muchos. Hay fueros en donde se cobra sólo un 1 peso por imprimir “hasta 10 hojas” de algún fallo que esté disponible en la computadora. “Nunca se van sin nada”, confiesa una de las encargadas de facilitar estos materiales. Este peaje burocrático se especifica en el artículo 2, incisos d, e, f y h de la citada acordada. Lo cierto es que pesito por acá, pesito por allá desde el Consejo de la Magistratura coinciden que lo que se viene recaudando por esos menesteres – también se paga por pedido de fotocopias, certificados, desarchivos, etc. – otrora gratuitos, sirvió para fondear un aumento del presupuesto que junto a la austeridad aplicada y un mayor control de contrataciones y licitaciones permitió entre otras cosas otorgar aumentos como el que hoy disfrutan, en un esquizofrénico contrapunto con la Corte, una gran parte de los empleados del Poder Judicial de la Nación.

FUEGOS ARTIFICIALES. Esta semana la Cámara Federal le puso punto final a una de esas querellas que son políticamente correctas en el momento en que la turbulencia mediática no deja otra salida que ir para adelante, pero que en el fondo, no tienen demasiado sustento jurídico, o demostrarlo cuesta demasiado trabajo. Se trata de una querella por “injurias” que el otrora funcionario y hoy banquero de entidades varias Emilio Cárdenas le inició al hoy senador y muy pronto gobernador de San Juan, José Luis Gioja. La querella buscaba frenar embates verbales del senador en medio del escándalo conocido como Coimas II: el supuesto pedido de dádivas a banqueros para cajonear leyes adversas que se cocinaban en la Cámara Alta. Mientras esa causa se disponía a acometer el sueño eterno (pasó tanta agua bajo el puente...) la querella de Cárdenas contra Gioja recalaba en tribunales hace poco más de un año, el 3 de octubre de 2002. La cosa es que Cárdenas no apareció a ratificar la presentación en los sesenta días siguientes ni tampoco en un plazo adicional posterior, que venció el 28 de abril de 2003. Así, la causa se archivó. Final sin gloria... pero no. Porque el banquero apareció por fin, pero para apelar el archivo del expediente argumentando que el artículo 442 del Código Procesal Penal (que dispone los plazos de la ratificación) era inconstitucional. Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani dedicaron varias páginas más que los antecedentes de la supuesta injuria para fundamentar que el asunto no era así. Ahora sí, punto final. ¿O Cárdenas querrá volver a la carga? Ya lo sabremos. Eso sí, a esta altura, ni Gioja debe recordar lo que dicen que le dijo al banquero.



alejandro s. williams / dju
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