De los proyectos, en uno se solicitó la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia a fin de que el órgano de justicia se expida sobre la legalidad de tal obra, según lo prevé el art. 96 de la Carta de las Naciones Unidas mientras que el otro proyecto declara ilegal tal construcción ordenando el cese de la construcción y la desmantelación de las obras realizadas.
Este último proyecto ya había sido rechazado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud del veto de los Estados Unidos.
En su discurso ante la Asamblea General, el observador permanente de la Autoridad Palestina, Naser Al Kidwa señaló que el muro afecta la vida de 200.000 palestinos, violentando los principios del derecho internacional, la carta de las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra.
Señaló que la construcción del muro -que ya sobrepasó los 100 km de longitud- penetra bien adentro de territorio palestino, tiene torres fortificadas, alambre de púas, sensores y áreas prohibidas.
En un tramo de su exposición, indicó que no se puede permitir a Israel basarse en la lucha contra el terrorismo, para realizar una política de expansión ilegal obstruyendo la paz.
Por su parte, Dan Gillerman, embajador de Israel se opuso a llevar el caso al Tribunal de Justicia internacional de la Haya porque se estaría politizando el funcionamiento del órgano jurisdiccional lo cual podría dejar un peligroso precedente.
Agregó que se trata de una "verja de seguridad", contra el terrorismo y que la incautación de tierras ocupadas palestinas "se ha hecho de acuerdo a las cláusulas específicas del derecho internacional y local" destacando que si un acuerdo político indica la desmantelación de la verja, así se haría.
Cabe destacar que estos proyectos que serían tratados por la Asamblea General de la ONU y puestos a votación al final del debate que se está realizando, no poseen carácter vinculante a diferencia de las resoluciones que se aprueban en el Consejo de Seguridad.