Fayt por su parte se mostró sorprendido y lamentó la decisión, en el marco de una improvisada reunión con “movileros” destinada a disipar el embotellamiento matutino de periodistas en la puerta de su casa, aunque no pudo evitar que la informalidad de esta reunión -que se repetirá todos los jueves en el 4° piso del Palacio de Tribunales “sin cámaras ni grabadores”- se convirtiera en una conferencia de prensa sobre la decisión de renuncia de Guillermo López.
En este sentido, Fayt desestimó las ansias del Ejecutivo al opinar que no cree “que vayan por toda la Corte”, en tanto que afirmó que “los jueces ejercen el poder que le da el pueblo” y que “es el pueblo la base de la soberanía” porque “ellos eligen las autoridades. Fayt fue más lejos al calificar a López como "un buen juez" que "cumplió responsablemente con el control de la constitucionalidad", haciendo luego la salvedad de que “los jueces no son vitalicios” porque “duran lo que dura su buena conducta”.
Por su parte el presidente de la Comisión de Juicio Político de la cámara baja, Ricardo Falú, señaló que se esperará el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se acepte la renuncia de López luego del cual la comisión recién podrá ordenar el archivo las actuaciones, afirmando que como el juicio político tiene como único fin la remoción de un magistrado, “no tiene sentido apresurarse en abrir un sumario a quien ha manifestado su voluntad de renunciar".
Si es aceptada la renuncia, a partir del 1º de diciembre el Poder Ejecutivo Nacional propondrá al candidato reemplazante, el cual luego será sometido a una serie de revisiones y estudios por organismos e incluso la opinión pública, antes de que el Senado considere el pliego correspondiente, un mecanismo estrenado con la designación de Eugenio Zaffaroni.
Fernández recordó al respecto que el Presidente comenzará a evaluar ahora los nombres del posible reemplazante de López en el Máximo Tribunal, que será propuesto según lo establece el decreto 222 que instauró un mecanismo de participación ciudadana en la designación de los jueces al establecerse un período en el cual particulares y ONG´s pueden formular observaciones a la postulación del candidato.