Los acusados son el ex comisario Orlando Oliverio, el entonces segundo de la División Asuntos Internos de la Policía Federal, y los oficiales Carlos José López, Eugenio Figueroa y Roberto Emilio Juárez, de la misma repartición. Para los fiscales, tras la instrucción “no cabe ninguna duda” que fueron ellos quienes dispararon balas de plomo.
En un dictamen de 32 carillas al que tuvo acceso Diariojudicial.com, dan por acreditado que a las 19.30 horas del 20 de diciembre “se produjeron disparos contra manifestantes que se encontraban en una plazoleta ubicada a más de cien metros de Corrientes y 9 de Julio en actitud pacífica”.
“La magnitud de los hechos, el operativo montado por las fuerzas de seguridad, su falta de coordinación y supervisión y el descontrol con el que se desplegó indican, sin lugar a dudas, que la existencia de sólo cinco muertos es un resultado casi milagroso”, dice el requerimiento fiscal.
Según se estableció en el expediente, los hombres al mando de Oliverio se desplazaban en tres vehículos con el objetivo de realizar “un relevamiento directo del accionar policial”. Sin embargo, terminaron disparando contra manifestantes que “descansaban” lejos del lugar de enfrentamiento, concluyen los fiscales.
“Luego de efectuar los disparos hacia donde estaban los manifestantes” recuerdan los fiscales, “rápidamente ascendieron a los rodados y emprendieron una veloz huída”. Para los fiscales, la acusación es de “homicidio simple” en el caso de Márquez y “homicidio simple en grado de tentativa” por los heridos Simonetti y Galli.
El requerimiento dice que todos los acusados dispararon sus armas. “Su accionar apto para que en conjunto se haya provocado el resultado”. Para Evers y Comparatore los cuatro policías actuaron “manteniendo en todo momento el co-dominio de los acontecimientos; sin perjuicio de quien o quienes efectuaron los disparos con puntería”.
Esta es la segunda elevación a juicio por la represión del última día de Fernando De la Rúa. El 6 de noviembre último, Evers y Comparatore habían solicitado la elevación a juicio oral de la imputación contra un subcomisario de la Federal, Omar Bellante y un oficial retirado del Ejército, Jorge Varando.
A Bellante se lo acusa de encubrir y a Varando de disparar desde dentro de una sucursal bancaria contra Gustavo Benedetto, una de las cinco víctimas que dejó la represión.