La decisión está en manos de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, quienes esta semana escucharon al abogado de Memoria Activa, Pablo Jacoby ampliar sus argumentos para recusar al juez y sus secretarios letrados.
Como se adelantó, en octubre pasado Jacoby recusó al juez por “la verificación de un pago ilegal, secreto y clandestino” al preso clave de la causa, Carlos Telleldín, “con dinero del Estado aportado por la SIDE”, tal como quedó establecido en el juicio oral a la supuesta conexión local del atentado.
El juez rechazó el recurso y el querellante apeló ante la cámara federal. No es la primera vez que allí se recusa al juez. Lo hizo varias veces el ex comisario bonaerense Juan José Ribelli, acusado como partícipe necesario del atentado, pero siempre con resultado negativo.
“Ha quedado demostrado que el juez perdió la imparcialidad porque su propio destino estaba ligado al rumbo” del expediente, le dijo Jacoby a los jueces, en una recusación que, a diferencia de las anteriores, es distinta.
Por un lado, porque los precursores son familiares de las víctimas del atentado y porque es la primera que la Cámara trata luego que todos en el juicio quedaron convencidos de la existencia del pago a Telleldín.
El otro dato es que los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Horacio Vigliani pidieron copia al Tribunal Oral de las declaraciones de los agentes de la SIDE que confirmaron el pago, especialmente de Antonio Stiusso y Alejandro Brousson y también algunos agentes, como Héctor Maoilo.
Una fuente que suele transitar el segundo piso de los Tribunales Federales confirmó a este diario que este el expediente que –hoy por hoy- más preocupa a los camaristas, por las consecuencias políticas y hasta prácticas que podría aparejar el apartamiento del juez Galeano.
Es que sólo en volumen, el expediente AMIA “mide” varias toneladas de papel, y ya lleva más de 550 cuerpos que contienen unas 100.000 fojas, lo que la constituye en la causa con más documentación de la justicia argentina.
Pero claro, antes debería llegar una decisión de la Cámara que –por la magnitud- nadie se anima todavía a predecir. Además, cerca del juez Galeano recuerdan que la misma Sala II avaló en los sustancial cada una de las medidas centrales del juez, como los elementos de cargo que permitieron procesar a Telleldín primero y Ribelli y los otros policías después como presuntos partícipes de la voladura y permitió así la elevación a juicio del expediente.
Una manito del ministerio
Por si lo que se cocina a fuego lento en el segundo piso del edificio de Retiro no fuera suficiente, el ministerio de Justicia decidió romper todas las formalidades en lo que hasta ahora era una pelea con sordina entre la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) y el Juzgado Federal 9 y se pronunció contra la labor del juez.
Así se lee sin cortapisas en el Informe Anual de Gestión de la UEI, que depende del ministerio de Justicia de la Nación, que puede leerse en Internet en la dirección electrónica www.jus.gov.ar/minjus/Amia/Informe02/Informe.htm.
A diferencia de años anteriores, esta vez el informe lleva la firma no sólo del responsable de la UEI, Alejandro Rúa, sino también del secretario de Justicia de la Nación, el ex fiscal Alejandro Lanusse, y fue colocado en la web hoy a media mañana, cuando sus puntos salientes ya habían aparecido en un diario de circulación nacional.
En el informe se ensalza la “confianza en el despliegue de la tarea que viene desarrollando el tribunal encargado del juicio” y se asegura que los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo mostraron un “firme compromiso” para “sacar a la luz” algunas dudas sobre la pesquisa.
Así, el ministerio avaló explícitamente lo que hasta ahora las querellas de la AMIA y la DAIA vienen cuestionando: el “corrimiento” en la atención de los jueces del TOF 3 hacia los problemas de la instrucción, abandonando –según los acusadores- el esfuerzo por determinar las culpabilidades de los acusados.
Como si esa referencia en el informe anual de la UEI no bastara, Lanusse y Rúa aseguraron que “el final que se aproxima de esa instancia oral y pública impone que la persistencia en la demanda de justicia en este caso, sea atendida a través de una necesaria renovación en la etapa de la instrucción judicial”.
Aunque sin destinatario aparente, se trata de una sugerencia nada sutil para el apartamiento del juez Galeano. Con el informe de la Unidad Especial en la mano, los más memoriosos de las lides tribunalicias no recordaban un emplazamiento semejante del ministerio de Justicia a un magistrado.