En el caso particular, la Corte avaló la restitución para un grupo de empleados de Cipolletti, en los autos “Asin c/ Provincia de Río Negro”, sentando esto jurisprudencia para motivar a todos los estatales provinciales a iniciar idénticas acciones por la restitución salarial, aunque desde el Gobierno local ya se anticipó que no esperarán a que se inicien otras demandas, ya que este fallo manifiesta claramente qué resolverá el alto tribunal nacional en casos similares.
En este sentido, el gobierno provincial no esperará las acciones judiciales, en tanto que ya anticipó que habrá un esquema de devolución general que podría liquidarse a través de un bono provincial que saldará la deuda de alrededor de 30 millones de pesos tras el fallo que cuestiona la ley N° 2990, normativa que dio marco legal y se constituyó en el instrumento para continuar con las retenciones a los activos aún después de haberse transferido la Caja de Previsión a la órbita nacional, informó el diario Río Negro
Esta normativa, sancionada el 5 de junio de 1996, estableció en su artículo 5 que se mantiene la vigencia del aporte extraordinario, manteniéndose por tanto los descuentos según “el sueldo que perciban los afiliados en actividad” una escala con retenciones del 1,5 por ciento en los haberes de hasta 300 pesos, mientras que en la franja salarial de 300 y 500 pesos, y en la de 500 y 1.000 pesos se mantenía el descuento del 2 y 2,5 por ciento respectivamente, sufriendo un descuento del 3 por ciento los que cobraban más de 1.000.
En tanto el gobierno, con la condena del Superior Tribunal provincial, decidió dictar el decreto ley 1/2001 dejando sin efecto esa retención a partir del 1 de marzo de 2001, constituyendo también esa norma una comisión especial para calcular los montos retenidos a los activos provinciales “entre mayo de 1996 y febrero de 2001”.
Incluso el articulo 4 preveía evaluar cada presupuesto y considerar incluso mecanismos de reintegros con bonos Río “Clase 3”, habilitándose luego el pago con los bonos “Bogar”, a 16 años, aunque al no avanzarse nunca en esa restitución porque no existió definición de la comisión de los montos descontados, se espera ahora se utilicen esos títulos provinciales a partir del fallo judicial de la Corte Nacional.
Si bien la sentencia es de carácter particular, se determinará una devolución general que fijaría esa obligación provincial por unos 30 millones, cerca de 900 pesos por agente, ya que hasta marzo de 2001, durante 58 meses, la provincia continuó percibiendo esos “aportes” de los 29 mil agentes provinciales y 5 mil municipales